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Nota N°. 6198 Difícil tipificar atentado en Monterrey como “narcoterrorismo”: Valadés; Hay que remitirse a la ley: Garzón; Es un homicidio múltiple: Carbonell Sánchez

Palacio Legislativo 29-08-2011 (Notilegis).- El ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, rechazó que jurídicamente el ataque al casino Royale de Monterrey, Nuevo León, pueda ser calificado de narcoterrorismo, ya que éstos son hacia la seguridad nacional.

Consideró que esto no implica una desestabilización al país, por lo que se debe revisar el Código Penal y esperar a los resultados de las investigaciones que haga la Procuraduría General de la República (PGR).

En su oportunidad, el juez español Baltasar Garzón dijo que la calificación de narcoterrorismo debe contar antes de emitirse con una serie de requisitos que señala el Código Penal mexicano, ya que no hay acciones definidas como lo fue en Colombia a finales de los años 90. “Debemos respetar la opinión del Presidente, aunque no la comparta, es una opinión política”, precisó.

“El Presidente tiene su opinión y yo como juez digo que hay que remitirse a la ley para emitir la calificación, y la calificación al menos desde la valoración internacional es el de la acción del crimen organizado por el contexto de violencia que vive el país. El método no es normalmente los que utilizan las organizaciones terroristas”, señaló.

Al término de su participación en el foro “legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, el doctor en Derechos Constitucional, Miguel Carbonell Sánchez, dijo que “el ataque del jueves se trata de un homicidio múltiple y está lejos de ser un atentado terrorista. Las responsabilidades deben ser fincadas tanto para los autores materiales e intelectuales, como a los servidores públicos que fueron omisos en la prevención de la tragedia”, precisó.

“Dejaría el calificativo de terrorismo en todo caso para el debate político; jurídicamente es difícil de ser calificado así. Se tiene que aplicar el Código Penal Federal, es importante que el Estado debe perseguir a los autores materiales e intelectuales directos y por otra parte exigir responsabilidades a los funcionarios que deberían haber previsto esto”, sostuvo.

IPC/

 
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