Palacio Legislativo 05-08-2011 (Notilegis).- La Fracción parlamentaria del PRD presentará un punto de acuerdo para solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que revise la actuación de la juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F., Taissia Cruz, quien concedió la libertad a Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de un presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 99 mil 292 pesos.

La diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informó que su fracción exhorta al Poder Judicial a “poner especial cuidado en las resoluciones que emita y donde se vean involucrados servidores públicos de todos los niveles de gobierno”, dijo.

Damian Peralta señaló que se debe poner mayor atención en las resoluciones donde se involucra a funcionarios inmiscuidos con supuestos casos de corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y peculado, a fin de evitar que salgan libres bajo cualquier subterfugio legal.

La legisladora consideró que la liberación de Néstor Moreno “deja un muy mal sabor de boca entre la ciudadanía, impotencia, coraje e indignación, pues la pregunta obligada es: ¿cómo es posible que un ex servidor público, cuyos delitos daban la impresión de estar debidamente acreditados, obtenga sin mayor reparo su libertad? Más aún, que hoy no exista la certeza de que más adelante será encontrado para que pague por los ilícitos cometidos?”.

Lamentó que en dicho caso, la impartidora de justicia desechara los elementos de prueba que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) como el yate valorado en 1.8 millones de dólares y un auto Ferrari de 297 mil dólares, entre otros valores.

“Me parece que no podemos generar percepciones de justicia cuando la impunidad es lo que impera, cuando la PGR y el Poder Judicial de la Federación tienen visiones diferentes en lo que tiene que ver con la impartición de justicia en el país”, precisó.

“Este asunto genera la impresión de que el Poder Judicial de la Federación y la PGR tienen agendas distintas, porque mientras para una de las partes el caso ya está solventado y aclarado mediante la integración y consignación de la averiguación previa, en el otro lado se decreta la libertad mediante subterfugios legales”, expresó.

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