Palacio Legislativo 12-09-2011 (Notilegis).- Ante los altos niveles de corrupción que ubican a México en el lugar 98 de 178 países, de acuerdo a Transparencia Internacional, y que cuesta al país el nueve por ciento del Producto Interno Bruto, el coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari, propuso que los procesos de licitaciones sean videograbados.

Explicó que a través de una iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se busca filmar aquellas licitaciones, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

El legislador recordó que de acuerdo con el Banco de México, la gravedad del problema de la corrupción, en términos económicos, representa para México el nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para educación sólo se invierte el seis por ciento del PIB y el cuatro por ciento en Ciencia y Tecnología.

“Un país que gasta más recursos en el tema de la corrupción que en educar a la sociedad, tiene como resultado atrasos en los procesos de transformación industrial, investigación, desarrollo tecnológico, entre otros, lo que hace que no explote su competitividad al máximo y se pierdan oportunidades frente a otras naciones”, manifestó.

En la exposición de motivos, el diputado Kahwagi Macari expresó que el indicador de corrupción del Banco Mundial señala que México se encuentra en el segundo grupo de cuatro, lo que significa que más de la mitad de 213 países encuestados controlan la corrupción de mejor manera que México.

Explicó que a partir de 2009, es obligatoria la participación de testigos sociales en las principales compras públicas del gobierno, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o en razón de su impacto en los programas clave de la dependencia o entidad involucrada

Kahwagi Macari mencionó que las compras gubernamentales generalmente representan la mayor proporción del gasto público, aparte de los salarios del gobierno y los programas sociales, pues representan entre 14 y 20 por ciento del PIB de un país, y estos gastos públicos están destinados, en gran medida, a los servicios públicos básicos como el agua potable, educación, atención médica e infraestructura.

AMR