Palacio Legislativo 14-09-2011 (Notilegis).- La diputada Lizbeth García Coronado, del grupo parlamentario del PRD, se reunió con el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Max Kaiser Aranda, con quien analizó las auditorías a la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, respecto a la operatividad de las casas de juego.

Durante la reunión, la legisladora exigió al Gobierno federal se sujeten a proceso a todos los servidores y ex servidores públicos que hayan violado la ley y se permitió la proliferación de casas de apuestas.

“Muchos ex funcionarios son socios y asesores de permisionarios y operadores de casinos”, dijo la presidenta del Grupo de Trabajo Especializado en la Vigilancia y el Cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos

Al respecto, el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Max Kaiser Aranda, señaló que el proceso de la auditoría de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación se encuentra en la etapa de ejecución de ésta, es decir, en el registro de información y revisión de más de mil expedientes que se escogieron en un universo de más de 13 mil, por lo que no cuenta con más datos hasta el momento.

La diputada Lizbeth García Coronado afirmó que el Gobierno federal está obligado a dar la cara a la nación para que explique la aparición de cientos de casinos en territorio nacional. “Se estima que 80 casinos operan sin permiso y cerca de 200 mil máquinas de azar funcionan en el territorio nacional”, denunció.

Señaló que la aparición de nuevos permisos producto de una deficiente defensa jurídica en Gobernación, permitió casos como el de Atracciones y Emociones Vallarta S. A. de C. V., que pasó de tener seis casas de apuesta a 41, y Megasport, a quién se le asignan 21 casas de apuestas más.

ASC