Palacio Legislativo 22-09-2011 (Notilegis).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Emilio Chuayffet Chemor, turnó a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa del Ejecutivo federal que establece un nuevo modelo procesal, a través de juicios orales y garantiza la vigencia de los derechos de la víctima y la reparación de los daños.

En la exposición de motivos de la iniciativa que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales que presentó el Poder Ejecutivo, se destaca que ésta tiene como objetivo implementar un nuevo modelo procesal que transforme el sistema de justicia penal en el país, para establecer uno de corte completamente acusatorio, de igualdad entre las partes y respetuoso de una vigencia plena de los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

“Se reafirmó la necesidad de adoptar un sistema acusatorio adversarial en materia penal, que implemente el sistema de justicia oral y de procedimientos simplificados y transparentes, que den cabida a instituciones que protejan y garanticen la vigencia de los derechos de la víctima durante todo el procedimiento y faciliten y aseguren la reparación del daño”, señala.

El sistema penal acusatorio asegura una trilogía procesal en la que al Ministerio Público le corresponde la investigación y persecución del delito, así como, en su caso, ejercer la acción penal al imputado, a quien se atribuya la autoría o participación en un hecho punible, se le garantiza la defensa en igualdad de condiciones y con las facultades, derechos y garantías que la Constitución y este Código le reconozcan.

Asimismo, con esta reforma se pretende que la víctima u ofendido tengan mayor relevancia en este procedimiento, puesto que se amplían sus derechos, incluso se regula con una amplitud sin precedentes la figura de la acción penal por particulares.

En tal sentido, tanto las partes como los demás intervinientes en el procedimiento penal, tienen una nueva dimensión y su participación se torna más activa, pues el nuevo sistema exige modificaciones en la organización y funcionamiento de los Tribunales, de la Procuraduría General de la República, de la Policía de Investigación de los delitos, de los Servicios Periciales, de la Defensoría Pública y, en general, de todos los operadores del Sistema.

También exige de los abogados litigantes, las instituciones educativas y todos aquéllos involucrados por cualquier razón en el desarrollo de un procedimiento penal, que conozcan y se capaciten para enfrentar los retos que implica el nuevo modelo de justicia penal.

“Se trata de un verdadero cambio de paradigma, que influye no sólo en los operadores del nuevo sistema o en los sujetos directamente involucrados en un conflicto penal; también lo hace en el ánimo de la sociedad, porque en la medida en que se reestructuren las instituciones, mejorará el desempeño de los operadores e intervinientes y disminuirán los márgenes de arbitrariedad en el ejercicio de la funciones procesales”, destaca el proyecto de ley.

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