Palacio Legislativo 23-09-2011 (Notilegis).- Al clausurar los trabajos del foro “La justicia ante la impunidad en materia de trata de personas”, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el Congreso debe ser “pulcro” y específico en la Ley General contra la trata de personas para tipificar este delito y dotar a la justicia de las herramientas jurídicas que permitan sancionar dicha conducta.

“El legislador tiene un trabajo muy pulcro que hacer para tipificar esta conducta, porque si no lo hace los operadores jurídicos no podríamos tener las herramientas necesarias para sancionar y encuadrar la conducta al tipo penal”, precisó, durante el encuentro que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo.

“Es necesario que exista una coordinación de las autoridades, ya que no sólo se trata de tener una ley donde se sancione el delito, sino que los Ministerios Públicos, procuradores, defensores, fiscales, abogados, jueces y policías de investigación, sean capacitados para aplicar la justicia”, agregó.

Sánchez Cordero reconoció la dificultad de tipificar el delito, ya que se trata de tener las herramientas jurídicas y de no pasar por encima de los derechos constitucionales que tienen los victimarios como el principio de legalidad, a una audiencia y la presunción de inocencia.

La ministra enfatizó que es apremiante la necesidad de erradicar la trata de personas en México, labor donde es necesaria, dijo, la coordinación de los tres Poderes de la Unión y de la sociedad en general.

“Es apremiante para el país erradicar la trata de personas, sobre todo después de estar catalogados no sólo como país donde existe el tránsito de trata, sino que se desarrolla dentro del país. Es una responsabilidad compartida, un compromiso del Estado mexicano, de los tres Poderes de la Unión y de todos los sectores sociales”, señaló.

Sánchez Cordero enfatizó que la trata de personas debe entenderse como una forma de esclavitud, por lo que debe alzarse la voz a fin de abolirla.

El ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, celebró que la Ley Contra la Trata de Personas se haya planteado como una reglamentación general y no federal, a fin de que los estados estén obligados a perseguir el delito y no deje el tema en manos de la Federación.

“Está perfectamente planteada como una ley general, no es una ley federal, en donde exclusivamente esté dando un mandato a los funcionarios federales para actuar. Su competencia es compartida, se busca un concurrencia adicional”, indicó.

Subrayó que cuando se establecen leyes federales, los gobiernos estatales “a veces dan la espalda al cumplimiento y aplicación, ya que esperan que llegue la Federación para que resuelva el problema”.

IPC/ AMR