Palacio Legislativo 25-10-2011 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad que el Ministerio Público Federal pueda atraer investigaciones del fuero común cuando esté involucrado algún periodista o medio de comunicación.

El diputado Felipe Solís Acero, del grupo parlamentario del PRI, precisó que con esta reforma al artículo 73 de la Constitución, en materia de libertad de expresión, se da un primer paso para proteger de una mejor manera los derechos de los comunicadores del país y de los medios para los que laboran.

“Se trata de darle atribuciones al Ministerio Público Federal para que pueda atraer expedientes de investigación respecto de cualquier delito del fuero común siempre y cuando del expediente se infiera que están involucrados los derechos humanos de un comunicador, o bien de algún medio de comunicación”, indicó.

Asimismo, en los trabajos de discusión, el diputado Jorge Rojo García de Alba (PRI), se congratuló por la aprobación de este dictamen que sin duda fortalecerá el trabajo periodístico en nuestro país, considerado uno de los más riesgosos en el ejercicio de esta profesión.

En tanto el diputado Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, señaló que con esta reforma se busca proteger a quienes ejercen el periodismo, porque no se contrapone con ninguna otra norma constitucional, “está protegida contra amparo, inconstitucionalidad y jurisprudencias de Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

"No violenta ni transgrede el principio de división de poderes y la esfera de competencias de los tres poderes de la Unión. Por lo tanto su contenido y alcance normativo goza de cabal constitucionalidad para su debida y formal integración al orden jurídico constitucional, nacional, estatal y municipal de conformidad con el artículo 133 de la Carta Magna”, agregó.

El documento agrega que en las consideraciones se expone que es necesario garantizar y fortalecer la legislación, para que permita atraer competencias entre las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, en tratándose de conductas que atenten contra la libertad de expresión en sus diversas modalidades, que transgredan las garantías individuales y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otras legislaciones.

Se señala que los periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.

El dictamen precisa que de acuerdo al informe presentado por la Federación Latinoamericana de periodistas, ante la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2010, en el que revela cifras alarmantes que obligan a atender el asunto de manera urgente e inmediata: 67 asesinatos y 12 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Ante esto, México ocupa el primer lugar como el más peligroso en el mundo, para ejercer el periodismo, después de Iraq, concluye el texto.

El dictamen aprobado será sometido al análisis de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, y con opinión de la de Derechos Humanos.

AMR