Palacio Legislativo 16-11-2011 (Notilegis).- La Comisión de Función Pública aprobó por unanimidad el dictamen que regula la figura de “testigos protegidos” y pretende evitar su manipulación, uso político y falta de credibilidad en los procesos penales.

Dicho dictamen plantea crear La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, fue aprobada con anterioridad por la Comisión de Justicia, por lo que ahora serás discutida por Comisiones Unidas para ser presentada ante el Pleno.

Con esta Ley se modifica la figura de testigo protegido por el de “colaborador”, y se introduce la de “persona protegida”, que no está dirigida solo a quienes aporten información a las autoridades, sino a sus familiares, a peritos y a todos aquellos servidores públicos que intervienen en un proceso penal contra la delincuencia organizada y que por ello ponen en riesgo su vida.

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales (PVEM), dijo que ahora solo espera que el dictamen aprobado sea subido al Pleno de la Cámara de Diputados en 15 días, para su discusión y aprobación por esta soberanía.

Precisó que al entrar en vigencia esta Ley de Testigo Protegido se cumple con compromisos internaciones adquiridos en la Convención de Viena (1988) y la Convención de Palermo (2000), en las que se abordaron temas como la protección a testigos que intervengan en un procedimiento penal, así como beneficios a ex-delincuentes que contribuyan en las investigaciones de delitos graves y delincuencia organizada.

Con esta nueva Ley, dijo, se pretende instaurar un Centro Federal de Protección a Personas formado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y elementos de la Policía Ministerial, que brinden los servicios necesarios para la protección global de las personas que corran algún peligro con su intervención directa o indirecta dentro de los procedimientos penales.

Explicó Escudero Morales que esta ley representa un gran avance en materia de impartición de justicia, puesto que busca que las personas que tengan conocimiento de actos o hechos constitutivos de delitos graves o en materia de delincuencia organizada, tengan la seguridad de que serán protegidos por especialistas y así puedan aportar los elementos necesarios para que no queden impunes tantos delitos, pues la realidad es que la gente no denuncia por temor a represalias.

Dentro de las medidas de protección no sólo se encuentran las de seguridad, también se contemplan las de asistencia como tratamiento psicológico, médico, legal, apoyos económicos, reubicación del domicilio, lugar de trabajo y centro de estudio, entre otras, con lo que se asegurará la máxima protección.

Cada solicitud de incorporación al programa será evaluada mediante un estudio técnico, realizado minuciosamente por especialistas, con el fin de corroborar que exista un riesgo al momento de que la persona a proteger emita su testimonio, ya sea ante el Ministerio Público o ante el Juez Penal.

“Sin duda aportaremos elementos para reconstruir la confianza de la gente hacia el Gobierno federal. Los mexicanos debemos sentirnos protegidos al momento de denunciar la comisión de algún delito, y más los clasificados como graves, pues un homicidio, una violación o un robo a mano armada, no pueden ser el pan de cada día de delitos que quedan impunes por falta de denuncias y protección a las personas que pueden ayudar a la detención de los responsables”, finalizó Escudero Morales.

ALRG