Palacio Legislativo 18-11-2011 (Notilegis).- La diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, señaló que las disculpas que ofreció el gobierno federal a los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, al aceptar la responsabilidad del Estado en su desaparición en 1974, son insuficientes, ya que no cumplen con la totalidad de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Reconocer la responsabilidad del Estado en su desaparición no es suficiente. Se esperaría que las acciones que están planteadas en la sentencia de la Corte se cumplan, no se trata de hacer un acto de contrición al más puro estilo católico, en el que se pide perdón para continuar pecando. Esperamos que acompañen el perdón con lo que se llama la reparación del daño”, indicó.

Cabe recordar que este jueves, el entonces encargado del despacho de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, y la canciller Patricia Espinosa encabezaron, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, un acto público en el que reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla, un acto de desagravio en el que no estuvieron presentes los familiares de las víctimas que durante 37 años han exigido justicia.

En entrevista, la integrante de la comisión e Gobernación, precisó que las medidas que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy claras en relación a la reparación del daño. Estas son: la presentación de Rosendo Radilla en caso de seguir con vida, o la localización de sus restos, explicar lo sucedido, e iniciar una línea de investigación que dé con los culpables y castigarlos.

“Primero tiene que presentar el cuerpo de Radilla, dar referencias dónde se encuentra, si está vivo o muerto o, explicar qué sucedió y dar con los responsables, eso implica la reparación del daño y significa hacer justicia”, enfatizó.

Incháustegui Romero subrayó que en el tema de compensación económica, podría darse, como una medida para sanear los gastos y costos erogados en el proceso de la sentencia, en los viajes, en las instancias y en los servicios profesionales empleados por la familia en la lucha que han tenido por buscar justicia.

“Eso es la indemnización económica, no es por la muerte ni la tortura, porque eso es irreparable, lo único que se busca es que se corrija la injusticia”, detalló.

Finalmente, la legisladora perredista aseguró que su fracción seguirá a detalle el cauce del cumplimiento de la sentencia y presionará al gobierno en ese sentido.

AMR