Palacio Legislativo 23-11-2011 (Notilegis).- De 2007 a 2009 el número de feminicidios se incrementó 68 por ciento a nivel nacional y repuntó en nueve estados principalmente, que son: Chihuahua, Baja California, Guerrero, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit y Estado de México.

Así lo señaló la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, Teresa Incháustegui Romero (PRD), al presentar el libro “Feminicidios en México, una aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, el cual indica que en este periodo han ocurrido 34 mil 176 defunciones femeninas con presunción de homicidio.

En el informe se señala que del total de las defunciones femeninasl 25 por ciento corresponde a menores de edad, en particular el de infantes menores de un año y niñas menores de cinco. La segunda edad mortal está entre 20 y 24 años, y la proporción de asesinatos de mujeres de la tercera edad también ha ido en aumento.

En este sentido, la diputada señaló que el incremento de la violencia de género de 2007 a 2009 se encuentra relacionado con la guerra contra el narcotráfico y la presencia del crimen organizado como es el caso de Baja California, Chihuahua y Durango y con las rutas de migrantes, tal es el caso de Chiapas con un incremento de 387 por ciento.

Por el contrario, Yucatán y Quintana Roo son los estados que presentan el menor número de homicidios relacionados con violencia a hacia las mujeres, pero hay incremento de suicidios, por lo que es necesario investigar las causas, ya que de contar con pocas sentencias por violencia a las mujeres “es una invitación a que cualquier persona asesine a una mujer”.

Comentó que hasta el momento México tiene 200 recomendaciones de diversos organismos internaciones sobre la tipificación de este delito y de los registros en feminicidios. “Es necesario tipificar este delito porque el homicidio se produce por violencia sexual, secuestro, lesiones, golpes y al final la privación de la vida. Los casos son alarmantes, ya que una tercera parte de los casos, es decir, un 25 por ciento de los casos corresponde a menores de edad”, precisó.

Al presentar el informe realizado en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujeres, El Colegio de México, y ONU Mujeres, la diputada del PRD afirmó que en la medida en que la impunidad campea y no se detengan a los responsables es muy fácil atentar a las mujeres. “

Agregó que ya existen cuatro iniciativas que están por dictaminarse en la Cámara de Diputados y una más en el Senado de la República para tipificarlo en el Código Penal Federal y de las entidades que faltan por homologar sus legislaciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Ríos Piter, afirmó que la violencia de género debe ser abatida desde las instituciones, autoridades y sociedad en su conjunto. El documento debe ser un instrumento que abone a las modificaciones a la ley para que sancione estas conductas.

Celebró que el documento será la base para transformar la legislación “habrá que buscar resultados específicos a través de la ley y debe ser plataforma para crear un marco jurídico y dé una ruta crítica para los trabajos legislativos”, comentó.

Durante su participación la directora de ONU Mujeres, Ana Güezmes, aseguró que el sistema de justicia es incapaz de dar respuesta a las mujeres que en gran parte de las denuncias las mujeres son revictimizadas por las autoridades, se violan los derechos humanos y las garantías individuales. El informe es un reto para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

El compromiso de la institución es trabajar con las autoridades federales y estatales para implementar las políticas públicas que rompan con el círculo de violencia y la impunidad. Precisó que las acciones que implementa ONU Mujeres están basadan en cuatro ejes: prevención, protección de los derechos a las mujeres, apoyar iniciativas de protección y respuesta y fomentar las prácticas que ayuden al acceso a la justicia.

La presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Rocío García Gaytán, expresó su preocupación por el incremento de la violencia hacia las mujeres en todo el país, por lo que señaló que el problema para sancionar este delito es el sistema de justicia que, además, no cuenta con las herramientas jurídicas para castigar a los agresores.

“Este documento permitirá impulsar en todos los estados una armonización que se sensibilicen de lo grave del problema. Estoy segura que pronto que hacer cuanto le cuesta al Estado la violencia a las mujeres, en empleo de las personas que dejan de trabajar y de niños que no van a la escuela por este problema”, comentó.

IPC