Palacio Legislativo 27-11-2011 (Notilegis).- Diputados de la Comisión de Derechos Humanos coincidieron en la necesidad de tipificar como delito grave la violación a las garantías individuales y que éstas no queden solamente como recomendaciones por la Comisión de Derechos Humanos, sino que pueda haber sanciones e inhabilitación de funciones.

El presidente de la comisión, Manuel Cadena Morales (PRI), consideró que se debe elaborar una iniciativa para sancionar a quien incurra en este delito, misma que deberá ser integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ha recibido alrededor de 6 mil quejas por entidades públicas.

Comentó que es necesario que planes y programas de estudio de escuelas de todos los niveles de educación introduzcan el respeto y la garantía constitucional de los derechos humanos, ya que “de no hacerse se corre el riesgo de abordar el tema sólo en los discursos políticos, económicos y sociales, sin mayor relevancia”.

La secretaria de la comisión, Rosi Orozco, del PAN, dijo que es prioritario que se legisle sobre el respeto a los derechos humanos, ya que hay grupos de mayor riesgo como los menores de edad, migrantes, personas con discapacidad y de escasos recursos. En el caso de secuestro y trata de personas, las autoridades deben garantizar el respeto a las víctimas desde que se inicia con el operativo hasta que concluye el proceso.

“No vamos a parar la violencia que hay en México hasta que verdaderamente se respeten los derechos humanos. Todos debemos ver esto como una prioridad a resolver de quien sufre ya de pobreza, de estar como migrante, de vivir con violencia intrafamiliar, porque los que buscan a las víctimas buscan a las más vulnerables del país”, declaró.

En tanto la secretaria de la comisión, Enoé Uranga Muñoz (PRD), señaló que en los próximos días serán aprobadas dos modificaciones para aumentar las penas a quienes cometan el delito de odio contra las mujeres, discapacitados, indígenas o personas con preferencias sexuales diferentes.

“Lo que estaremos haciendo es señalar una pena para quien cometa un acto de discriminación y será considerado un delito federal; sin embargo, es necesario que se tenga una ley marco y estas acciones no queden sólo en recomendaciones, sino que se tengan penas que puedan llegar a la cárcel por violar los derechos humanos de estas personas”, señaló.

Comentó que ya se tienen avances en este tema, ya que la CNDH tiene facultades de investigación y la reforma aprobada establece que se pueden llamar a rendir cuentas a quien no atienda una recomendación.

A partir de ahí, agregó, se deben establecer medidas legales a quien desatienda una queja que pueden ir desde la inhabilitación del cargo hasta distintas penas.

IPC