Palacio Legislativo 26-12-2011 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI) manifestó que “no puede quedar en la congeladora la Ley contra el Lavado de Dinero”, por lo que insistirá en reunir en este receso al órgano que preside junto con la Comisión de Hacienda para avalar esa minuta enviada por el Senado de la República.

Explicó que la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es uno de los pendientes del periodo de sesiones que recién concluyó; sin embargo, consideró que se trata de una legislación fundamental para el combate de este ilícito y dar certeza a las actividades de índole política para que no se contaminen esos recursos.

En entrevista, el diputado priista recordó que a inicios del mes de noviembre la Comisión de Justicia avaló el dictamen para sancionar hasta con 10 años de cárcel y 2 mil días de salario mínimo de multa, el lavado de dinero. Sin embargo, este dictamen debe ser avalado en Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda, esta última que preside el diputado Mario Becerra Pocoroba, del grupo parlamentario del PAN.

“Antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones (15 de diciembre) yo convoqué a las Comisiones Unidas, y el secretario técnico de la Comisión de Hacienda respondió que no estaban listos y que pedían otra prórroga, lo que me indica que hay poca voluntad para sacar esta Ley, que es tan importante para combatir la corrupción y la introducción de dinero ilícito a actividades financieras”, indicó.

Benítez Treviño apuntó: “pero voy a insistir en que se lleve a cabo la reunión de Comisiones unidas. En los primeros días de enero enviaré a la Comisión de Hacienda una comunicación para que se preparen y brinden los comentarios, porque no quiero dejar asuntos en la congeladora, sobre todo como ésta tan importante que ayudaría al país tan desquebrajado que tenemos”, apuntó.

El dictamen contempla duplicar las penas en caso de que quien cometa el ilícito haya sido servidor público, dentro de los dos años anteriores a ello. Además se le sancionará con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta.

La ley establece además que será objeto de revisión a quien esté relacionado con la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; joyas, relojes y obras de arte; administración y manejo de recursos y cuentas bancarias, de ahorro o de valores; organización de aportaciones de capital o para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles.

ALRG