Palacio Legislativo 16-01-2012 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, aseguró que la publicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs), detonará proyectos de infraestructura que el gobierno no puede realizar por la limitación de recursos.

Asimismo, indicó que contribuirá a que la Iniciativa Privada (IP) invierta recursos en México que en la actualidad decide invertir en el extranjero.

“Con este ordenamiento específico, se genera un detonante para que las grandes inversiones de la industria privada se realicen en México. Esta nueva ley da certidumbre para que puedan participar en proyectos de infraestructura, que puedan operarlos con el propósito de que después de determinado tiempo, los entreguen nuevamente al Estado”, dijo.

En entrevista, el también vicecoordinador de la bancada del PVEM, precisó que el objetivo de la Ley de APPs es eliminar la alta complejidad que impera en México para que los inversionistas participen en proyectos de infraestructura, mismos que no se encontraban regulados en la leyes de Obra Pública ni la de Adquisiciones.

“Resultaba muy difícil otorgar un permiso de este tipo, había que estar tomando un poco de cada uno de los artículos, era una pedacería entre la Constitución y diferentes ordenamientos que hacían muy complicado que la IP pudiera entrar de lleno a estos grandes proyectos, lo que provocaba que decidieran invertir esos mismos recursos en otro país”, subrayó.

Escudero Morales enfatizó que la ley no significa la privatización de la obra pública en México, ya que aseguró que las licitaciones y concursos continuarán, lo que fomentará la libre competencia y competitividad entre los consorcios privados.

Indicó que ahora la IP podrá proponer proyectos al Estado, invertir en los estudios correspondientes y presentárselos al gobierno, para posteriormente participar en el concurso por la obra, con la subsecuente devolución de los recursos operativos.

“Si la IP considera que hace falta una carretera que va a tener grandes beneficios o deciden hacer un estudio del aforo, pueden entregar el estudio al gobierno, y si éste decide que es viable, se le pagará a la IP lo que ha invertido en ese proyecto para luego salir a concursar este proyecto”, dijo.

El presidente de la Comisión de la Función Pública subrayó que la oposición que generó el ordenamiento se debe a la visión de que la infraestructura debe ser realizada sólo por el gobierno, sin la participación privada, sin embargo, agregó que la limitación de recursos del Estado hace imposible cumplir con todos los proyectos, lo que a su vez limita la generación de empleos.

Finalmente, Escudero Morales señaló que los primeros proyectos podrían empezar a salir a partir de agosto y septiembre de este año, para que en 2013 puedan empezar a dar los primeros resultados.

AMR