Palacio Legislativo 29-01-2012 (Notilegis).- De acuerdo a estudios en materia penitenciaria de 1994 a 2011, la población carcelaria en el país casi se triplica al pasar de 86 mil a 231 mil 510 reclusos, sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido. La mayoría de los penales, están saturados de reos no sentenciados, muchos de ellos por delitos federales, cuya manutención promedio es de 100 pesos diarios cada uno.

Por lo anterior, diputados y senadores exhortaron al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones y políticas públicas necesarias y tendientes a modernizar el sistema penitenciario de todo el país, con la participación de las entidades federativas y ambas cámaras del Poder Legislativo.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de octubre de 2011, la población penitenciaria en el país es de 231 mil 510 reos, de los cuales 184 mil 624 son del fuero común y 46 mil 886 son del fuero federal, es decir un 79.75 por ciento contra un 20.25 por ciento, respectivamente. De dicha población, 220,806 son hombres y 10,704 mujeres.

Asimismo, México cuenta con 419 centros penitenciarios, de los cuales, 12 dependen del gobierno federal, 10 del gobierno del Distrito Federal, 306 de los gobiernos estatales y 91 de los gobiernos municipales.

También, el informe señala que existe una sobre población de 45,344 internos, en 211 centros penitenciarios, de los cuales 56 tienen población del fuero común y 155 tienen población del fuero común y federal

En un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, propuesto por el grupo parlamentario del PVEM, según el estudio “Los mitos de la prisión preventiva en México”, elaborado por la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative, de 1994 a 2004, la población carcelaria en el país se duplicó al pasar de 86 mil a 192 mil reclusos, y sigue creciendo sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido.

Según el informe, en México están presas 82 mil personas que no han sido sentenciadas, y que tienen la garantía de presunción de inocencia, que sufren la privación de su libertad en las condiciones dantescas que prevalecen en las cárceles mexicanas, por lo que se considera que la prisión preventiva en el país es una práctica inefectiva que ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente.

Afirma que la actual práctica penitenciaria empleada en México tiene graves consecuencias, entre ellas una saturación de 125 por ciento de su capacidad, aunque hay unas que llegan hasta 270 por ciento, además de que se provocan acciones de autogobierno de reclusos, que imponen las reglas y generan actos de violencia con tasas de homicidios hasta 10 veces superiores a las que enfrenta la población en libertad.

Asimismo, hace un recuento de diferentes acontecimientos, riñas y muertes que se han llevado a cabo en diversos centros penitenciarios, tanto a nivel federal como local, como en Ciudad Juárez, Chihuahua, Baja California, Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otros.

La Primera Comisión Permanente, encargada de estructurar el punto de acuerdo, señala en el informe que en México, se pretende potenciar una efectiva reinserción social de los internos, pues para ello se ponen a disposición tanto las instituciones jurídicas necesarias, como los instrumentos económicos y personales.

Por lo anterior, la Comisión Permanente señaló la urgencia de que se trabaje en la construcción de un sistema penitenciario, que verdaderamente pueda convertir en realidad la reinserción a la sociedad de los internos, y para ello no solo se necesitan recursos para infraestructura, sino sobre todo la creación de un andamiaje jurídico que siente las bases.

AMR…