Palacio Legislativo 08-02-2012 (Notilegis).- Diputadas del grupo parlamentario del PRD, impulsan la creación de la Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Generadas por la Violencia, esto en respuesta a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país que ha puesto a México como uno de los países en “guerra” y en situación similar a Afganistán, Irak y Pakistán.

La propuesta de las diputadas Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Lizbeth García Coronado, Mary Telma Guajardo Villarreal y Leticia Quezada Contreras, responde al compromiso realizado con representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad durante una reunión en 2011.

De acuerdo con datos del Barómetro de Conflictos 2010, de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, México está situado en niveles de inseguridad similares a los de Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán; según el número anual de asesinados (más de diez mil ese año) el país fue catalogado en último plano de la escala de 1 a 5 que equivale a una “guerra”.

Por su parte, el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, reportó que en México durante 2010, fueron desplazadas de sus lugares habituales de vivienda 230 mil personas, de las cuales 120 mil lo hicieron por inseguridad.

La propuesta incluye la definición de víctima directa como “aquellas personas que individual o colectivamente y que desde el 1 de enero de 2007, hayan sufrido menoscabo en sus derechos como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física o psíquica o algún menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones realizadas por los miembros de los grupos armados al margen de la ley, o bien sean consecuencia de acciones, culposas o dolosas, realizadas por integrantes de las fuerzas policíacas federales o por las fuerzas armadas”.

La definición se amplía, al considerar como víctimas indirectas al o la cónyuge, compañero o compañera permanente, el concubinario o concubina conforme a la ley; las hijas o los hijos; y familiares en primer grado de consanguinidad, así como la persona que dependa económicamente de la víctima.

Además, se consideran víctimas a las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización y que hayan sufrido un menoscabo en sus derechos fundamentales.

La propuesta incluye que los derechos de las víctimas incluirán los aspectos judiciales y de acceso a la justicia, atención psicológica y médica, asistencia social, reparación del daño, reinserción social, protección y salvaguarda de la integridad de la víctima, de protección a su imagen propia y su vida privada, entre otros.

En la iniciativa se especifican las obligaciones de las dependencias federales involucradas en la atención, protección y reparación de las víctimas de la violencia, y sienta el marco de la actuación frente a dichas víctimas de manera general de la Procuraduría General de la República

Se establece la necesidad de elaborar el Registro Nacional de Víctimas, además de la creación e instrumentación de un Programa de Protección a víctimas y testigos, el cual estará a cargo de la PGR.

También se incorpora la creación de la Coordinación Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que estará constituida por diversas instituciones encargadas de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de organizaciones de víctimas.

Integra la forma en la que habrá de integrarse el Fondo de Reparación a víctimas y los criterios para su asignación. Aquí se precisan las medidas de reparación, describiendo con especial énfasis las medidas para la reparación del daño, de conformidad con los estándares internacionales.

IPC