Palacio Legislativo 10-04-2012 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 253 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones, el dictamen que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que se establece que los requisitos que soliciten las entidades federativas para permitir a particulares prestar servicios de seguridad privada, no deberán exceder a los establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada.

Asimismo, las empresas que brinden servicios de protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, deberán contemplar el monitoreo electrónico.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN, señaló que existen 144 requisitos adicionales que establecen entidades federativas que no existen en la ley federal, lo que complica que las empresa puedan prestar este tipo de servicios en los estados.

“La Comisión analizó las legislaciones estales en materia de seguridad privada encontrando que en la actualidad existen,. además de los requisitos que establece la Ley Federal de Seguridad Privada, un sinnúmero de requisitos que exigen las entidades federativas para otorgar las autorizaciones que requieren las citadas empresas”, dijo.

Por ende, señaló que no existe un homologación entre lo solicitado, lo cual impide su cabal cumplimiento, restando eficiencia en la prestación de los servicios de seguridad privada.

Precisó que uno de los requisitos que plantean algunas entidades es que deben ser personas físicas de nacionalidad mexicana las que sean acreedoras a la autorización, con cláusula de exclusión para extranjeros, lo que establece restricciones a la inversión extranjera.

Ovando Patrón subrayó que la seguridad pública y privada son dos expresiones que se refieren a una misma actividad llevada a cabo en colaboración entre empresas públicas y privadas, se dicta un mecanismo de colaboración, donde las empresa privadas colaboran con el Estado sin subsumirse en sus funciones.

El dictamen fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

AMR