Palacio Legislativo 16-05-2012 (Notilegis).- Diputados de la Comisión Especial de Feminicidios se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar los avances de la sentencia del campo algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condena al Estado mexicano por violar derechos humanos.

Legisladores y representantes del gobierno federal analizaron la sentencia de la CIDH en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad.

La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), recordó que la Ley General de Atención a Víctimas aprobada por el Congreso, incluye a quienes han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y a las del delito, por lo tanto para ambos casos se establecen criterios muy claros, como derechos a la verdad y reparación del daño.

Además, recordó, establece los derechos de asistencia a las víctimas como la asesoría jurídica, por lo que abarca buena parte de la protección a éstos. “Ciertamente debemos afinar más del proyecto de ley para el tema de cumplimento de las sentencias”, señaló.

Al inicio de la reunión, la diputada pidió a los representantes de autoridades invitados a informar sobre las investigaciones y sanciones de los funcionarios que fueron omisos en el cumplimiento de su deber en los procedimientos de investigación en el momento en que ocurrieron los hechos.

Al respecto, el director de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Jorge Cruz Becerra indicó que la base de datos de mujeres y niñas desaparecidas se creó en la “Plataforma México” en el programa de Registro Nacional de Personas Extraviadas.

Señaló que hasta el momento se tiene un conteo de poco más de 30 mil registros de personas que se encuentran extraviadas, desaparecidas, privadas de su libertad o no localizadas en diversos estados, dicho registro contiene datos dactilares, genéticos y situación migratoria. “En breve estará anunciándose la puesta en funcionamiento de esta plataforma electrónica, y ya se revisa que instancia será la encargada de operarla”, agregó.

El responsable del área jurídica del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Pablo Navarrete Gutiérrez, informó que de 1985 al 2010 fueron asesinadas 36 mil 606 mujeres en el país, por lo que enfatizó que se deben de redoblar los esfuerzos para el cumplimiento de la sentencia del campo algodonero.

Ante dicha cifra, el funcionario propuso: “nos urge un mecanismo jurídico para definir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos urge precisar el con qué. No es posible que estemos llevando a las víctimas a un proceso de re victimización viendo si la federación les va a reparar el daño o el estado, o municipios”.

En su momento, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador, Alejandro Negrín Muñoz destacó la creación de una página en línea del Gobierno de Chihuahua con la información de las mujeres y niñas que desaparecieron en ése estado desde 1993.

Sobre los cursos de capacitación a funcionarios en materia de género, el embajador aseguró que el gobierno estatal ha demostrado que ha cumplido con esa responsabilidad, aunque, reconoció que la Corte IDH ha señalado que se debe de fortalecer la educación que promueva una vida libre de violencia hacia las mujeres.

“Quiero subrayar como un avance el hecho de que se haya dictado auto de formal prisión en contra de quien podría ser el responsable del homicidio de Esmeralda Herrera Monreal”, destacó.

En su participación, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, Samantha García Espinoza de los Monteros, informó que gracias a los resolutivos de la sentencia de campo algodonero se abrió la posibilidad de que peritos internacionales revisen los expedientes de otras mujeres que fueron asesinadas en Chihuahua y se abran otras líneas de investigación.

Agregó que se están tomando medidas de protección de derechos humanos a las personas que denuncian hechos de violencia contra las mujeres y se pueda iniciar un proceso penal contra agresores. Sostuvo que se ha dado cumplimiento a los resolutivos de la sentencia emitida por la ONU y se continúa con la revisión de los puntos que hasta ahora no han sido cumplidos.

ASC / IPC