Palacio Legislativo 18-05-2012 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN y PRD, señalaron que los tres mexicanos sentenciados a muerte en Malasia por tráfico de drogas deben ser auxiliados por las autoridades de nuestro país, las cuales tendrán que hacer valer los tratados internacionales de respeto a la vida, para que pueda, en su caso, conmutarse la pena.

El diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI, subrayó que el gobierno federal es el encargado, de acuerdo al derecho internacional, a exigir la protección consular a los connacionales juzgados en Malasia, y solicitar que se respete el derecho a la vida, como establece el artículo seis del Pacto Internacional de Derechos Humanos.

“El gobierno federal es firmante de convenios y tratados internacionales que protegen la vida, al igual que Malasia, como del Pacto Internacional de Derechos Humanos, lo que conlleva de acuerdo al artículo seis a respetar la vida y en su caso conmutar la pena por opciones alternativas”, dijo.

Flores Rico comentó que aún existe tiempo para que el gobierno federal actúe, ya que los mexicanos fueron juzgados en una primera instancia, por lo que aún resta el fallo de la Corte Federal Malaya y por último solicitar el indulto o conmutación de la pena del Sultán de ese país.

El diputado Gustavo González Hernández, del grupo parlamentario del PAN, señaló que aún existen instancias en ese país e internacionales que pueden revertir el fallo de pena de muerte contra los connacionales.

“Todavía hay varias instancias que tienen que pelear, ésta fue la primera instancia, creo que todavía faltan cerca de dos años donde pueden ellos ir a una Corte de Constitucionalidad y en ésa revisar si no se violó dentro del procedimiento algunos de los derechos procedimentales para la acusación y defensa”, dijo.

El diputado panista enfatizó que el gobierno mexicano debe “pelear” hasta el último momento que se esclarezcan los hechos.

En tanto, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, José Luis Jaime Correa, subrayó que el Estado mexicano, debe exigir y garantizar desde que se respete el derecho internacional y por ende se rechace la pena de muerte a los compatriotas.

“Lo que el derecho internacional establece es que no se aplique la pena de muerte y que a los juzgados de nuestro país se les permita el derecho consular, el gobierno malayo debe permitir la asesoría legal, para que cualquier caso se juzgue en el marco del respeto a la vida”, indicó.

Jaime Correa preció que en la defensa de los connacionales no se trata de encubrir posibles delitos de tráfico de drogas en otros países, sino de que se respeten los derechos fundamentales en el proceso.

AMR