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Nota N°. 8252 La SCJN le dará la razón al Congreso en la ley de “geolocalización”: Diputado Rubí Salazar. La nueva legislación no vulnera derechos humanos, afirma

Palacio Legislativo 25-05-2012 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Comunicaciones, José Adán Rubí Salazar, del grupo parlamentario del PRI, externó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dará la razón a la Cámara de Diputados respecto a la ley de “geolocalización”, la cual no vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, y por el contrario, brinda elementos para castigar las amenazas, la extorsión telefónica y el secuestro.

“Tenemos dos extremos de riesgo, uno que afecte la privacidad de las personas y otro que se deje en la impunidad a estos maleantes que llevan a cabo estos delitos. La ley establece un punto medio que garantiza que la privacidad no sea vulnerada y que se combatan los delitos de amenazas, extorsión y secuestro”, dijo.

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera una controversia constitucional ante la SCJN, al considerar que la reforma aprobada por el Congreso vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, el diputado priista precisó en entrevista cuáles son los alcances reales de la normatividad y en qué casos se podrá autorizar su aplicación.

“Yo no coincido con esa percepción que particularmente tiene la CNDH sobre la reforma, estoy convencido de las bondades porque la conozco a detalle. El hecho que se pueda localizar a una persona de la cual se tengan elementos que está llevando a cabo la comisión de un delito está totalmente justificado”, subrayó.

Afirmó que la ley no es arbitraria, ya que se establece expresamente un requerimiento que tiene que hacer una autoridad competente, en este caso, un Ministerio Público, para que los permisionarios y concesionarios, coadyuven a la localización de la persona, a través de su equipo de telefonía móvil.

“Esta solicitud debe ser registrada, si efectivamente esta acción que se lleva a cabo a través de la autoridad competente no tiene autorización, quien lleve a cabo la solicitud está cometiendo un delito y cualquier particular podrá proceder en contra de esa autoridad por afectar sus derechos de privacidad”, subrayó el diputado.

Rubí Salazar enfatizó que lo más probable es que del análisis que haga la SCJN, se resuelva a favor de la reforma, ya que su contenido está completamente apegado a derecho, a favor de las víctimas de los delitos antes mencionados.

AMR

 
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