Palacio Legislativo 10-07-2012 (Notilegis).- La fracción del PRD presentará un punto de acuerdo, este miércoles, para solicitar a la presidencia de la Comisión Permanente ordene la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Atención a Víctimas, toda vez que se ha cumplido el plazo legal para que el Ejecutivo presentara observaciones a la ley.

En conferencia de prensa la coordinadora Mary Telma Guajardo Villarreal, el vicecoordinador José Luis Jaime Correa y la diputada Teresa Incháustegui Romero, afirmaron que de no cumplir con las disposiciones de la Ley, el Ejecutivo caería en desacato.

“Solicitamos al presidente de la Cámara de Senadores que vuelva a ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expide la Ley General de Atención a Víctimas, aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de abril y remitida al ejecutivo el 10 de mayo de 2012”, dijo la coordinadora, Telma Guajardo Villarreal.

Los legisladores se pronunciaron en contra del veto interpuesto por el presidente Calderón, toda vez que es un compromiso adquirido con familiares de las víctimas directas o indirectas de la violencia asociada a la lucha en contra de la alta criminalidad. Dicho documento fue aprobado el 30 de abril en la Cámara de Diputados y la fecha límite para su publicación era el 19 de junio de 2012.

Entrevistado por separado, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, José Ramón Martel López, explicó que a la Cámara de Diputados le asiste la razón jurídica respecto a la Ley de Atención a Víctimas, puesto que los diputados atendieron el procedimiento de manera escrupulosa.

“En la Cámara de Diputados la mandamos a tiempo y ya pasaron los días que la legislación prevé para que la Ley de Atención a Víctimas pudiese ser observada; ya feneció el tiempo para que el titular del Ejecutivo la objetara. Por lo tanto, la ley debió ya de haberse publicado”, afirmó.

El diputado reiteró que, aunque la ley sea perfectible, es necesaria su publicación para ayudar e indemnizar a las verdaderas víctimas del delito, familiares y otros afectados.

“Incluso, ya hemos trabajado para que la ley, una vez publicada, cuente con recursos. Fue un compromiso con la sociedad que asumimos, pluralmente, Senadores y Diputados de todas las fracciones parlamentarias. Es claro, la ley de víctimas debe existir”, concluyó Martel López.

IPC-OAA