Palacio Legislativo, 14-08-2012 (Notilegis).- La diputada del PAN, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, exhortó a los gobernadores a sumarse al combate de este delito, ya que 16 estados de la República no han realizado acciones para abatir este ilícito.

“La mayoría de los estados no están haciendo nada, no hay siquiera operativos. En Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán, no tenemos sentencias, ni siquiera hay operativos”, afirmó.

Durante la tercera reunión del Consejo Unidos contra la Trata de Personas, la legisladora señaló que la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas incluye 97 líneas de acción que deben ser ejecutadas por el Gobierno Federal, por lo que agradeció la participación de autoridades de este nivel de gobierno en las reuniones que ha llevado a cabo sobre el tema.

Adelantó que la próxima semana entregará las denuncias de trata de personas hechas en el Distrito Federal y el Estado de México a los diputados y senadores electos que continuarán con el tema en la LXII Legislatura.

En su oportunidad, el diputado César Daniel González Madruga (PAN), propuso incorporar a la lucha contra la delincuencia, narcotráfico y trata de personas, soluciones alternativas basadas en los valores y principios de los pueblos indígenas.

Llamó a los políticos y líderes de opinión a influir en la opinión global sin hacer suposiciones, no tomar sus derrotas como algo personal y mantener la credibilidad mediante la rectitud en su forma de actuar.

A su vez, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Miguel Ontiveros Alonso, indicó que existe un sustento constitucional fuerte para la aplicación de la Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata de Personas y Delitos Anexos.

“Tenemos un sustento constitucional muy fuerte para la aplicación de este nuevo modelo de persecución penal contra la trata de personas. Esta nueva ley se enmarca en un proceso novedoso de perspectiva de los derechos humanos, luego de que en este sexenio se han hecho las dos reformas constitucionales más importantes en la historia de nuestro país”, dijo.

Explicó que esas reformas fueron la penal en 2008, que implementa un proceso acusatorio digno de la democracia y que amplía las garantías de las víctimas y la reforma constitucional de 2011 que modifica diverso artículos empezando por el primero para implementar la obligatoriedad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a escala de nuestro sistema de justicia.

OAA / AMR