Palacio Legislativo, 15-11-2012 (Notilegis).- El diputado Fernando Belauzarán Méndez (PRD) presentó una iniciativa para regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la marihuana y sus productos derivados, firmada también por el legislador perredista Agustín Miguel Alonso Raya.
La propuesta expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación.
Propone reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Con esta medida, afirma Belauzarán, se pretende sustraer de manos criminales un importante mercado y minimizar y reparar los daños sociales que genera esta actividad ilegal, en virtud de ser actualmente la sustancia ilegal de mayor consumo en México y en el mundo y que más recursos económicos genera al crimen organizado.
En la iniciativa, el diputado perredista se pronuncia por hacer énfasis en la educación y promoción del ejercicio responsable de la libertad, en lugar de la política punitiva y meramente represiva “que, como es notorio, ha fracasado”.
Considera alarmante el crecimiento del crimen organizado, así como de los fenómenos destructivos que genera la producción, procesamiento, tráfico, venta y consumo ilegal de sustancias prohibidas.
Entre estos fenómenos señala a la violencia, fármacodependencia y adicciones, desarticulación de las familias y del tejido social, cooptación de las personas, sobre todo hombres y mujeres jóvenes, a las filas de las bandas criminales.
También menciona la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales a todos los niveles y los circuitos financieros locales, nacionales y globales.
Asegura que la llamada guerra contra el narcotráfico no ha dado los resultados que el gobierno federal esperaba y ha disparado la violencia y la inseguridad, “como lo demuestran las más de 60 mil muertes registradas en la presente administración”.
Ante este panorama, asegura, es evidente y urgente el cambio de paradigma para enfrentar el problema del tráfico ilegal de drogas.
La propuesta Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación, tiene por objeto regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de los productos derivados de la Cannabis.
La orientación, prevención, producción, distribución, comercialización, muestreo, verificación y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas al procesamiento de los productos de la cannabis, serán reguladas bajo los términos establecidos en esta Ley y en la Ley General de Salud.
Señala que la Secretaría de Salud emitirá la licencia sanitaria, de conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente, y precisa que la industria de la cannabis está conformada por los productores, autoproductores (limitada a cinco plantas), fabricantes, distribuidores y comercializadores.
La iniciativa contempla un Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación de los consumidores.
La aplicación de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud en coordinación con las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Economía, la Procuraduría General de la República (PGR) y otras autoridades competentes.
A la Secretaría de Salud le correspondería emitir y, en su caso, revocar las licencias correspondientes para la producción, autoproducción, fabricación, distribución y venta de los productos de la cannabis.
También promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los consumidores de la cannabis y proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas para la prevención del consumo y tratamiento de los productos derivados.
Todo establecimiento que procese, distribuya o venda productos derivados de la cannabis, requerirá licencia sanitaria de acuerdo con los requisitos que establezca la Secretaría de Salud.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud, Justicia, Hacienda y Crédito Público para dictamen y a la de Presupuesto para opinión.
JGM
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