Palacio Legislativo 20-11-2012 (Notilegis).- La diputada Martha Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) presentó una iniciativa para que las autoridades proporcionen, a las víctimas del delito de trata de personas, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan.

También propone que la información sea de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

En tribuna, la legisladora señaló que el Inegi afirmó que existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las cuales 31 por ciento son menores de edad, de entre 5 y 17 años.

El 70 por ciento son personas indígenas y migrantes que realizan trabajos que atentan contra su seguridad y salud.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, resolvió que el país ocupa un peldaño verdaderamente alarmante en lo que este tema significa.

Este ilícito se ha posicionado como el segundo más redituable para la delincuencia, en especial la delincuencia organizada, desplazando el tráfico de armas y sólo por debajo del tráfico de drogas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que México ocupa el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe, en el tema de trata de personas.

La iniciativa que propone la diputada Córdova Bernal reforma el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Establece que las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos federal, estatal, municipal, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, ofendidos y testigos.

Con ese propósito deberán proporcionarle a las víctimas información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

ASC