Palacio Legislativo, 22-11-2012 (Notilegis).- Las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública aprobaron, con modificaciones en dos artículos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tras una reunión de más de 16 horas.

El dictamen, que será presentado este jueves en la sesión del Pleno, fue modificado en las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, así como en el inciso c y fracciones VII y X, del artículo 32.

Lo avalaron en lo general los diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, aunque el PAN aclaró que tenía reservas en lo particular, y el rechazo de PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Las comisiones aprobaron la primera modificación, con 37 votos a favor y nueve en contra, la reserva que presentó el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (PAN) para modificar las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, con el propósito de acotar el uso de la fuerza pública por parte de la Secretaría de Gobernación.

Estas fracciones se refieren al apoyo de esa dependencia a otras autoridades federales, estatales, municipales y el Distrito Federal, así como al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República (PGR).

La redacción que se aprobó es la siguiente: “Auxiliar del Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios. Auxiliar cuando así lo requiera la PGR en la investigación y persecución de delitos y disponer de la fuerza pública en términos de disposiciones legales aplicables en situaciones de alteraciones graves de orden público”.

El segundo cambio se aprobó por unanimidad, luego que la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) propuso modificar el inciso c y eliminar las fracciones VII y X, del artículo 32.

El objetivo es que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no queden sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y mantengan su autonomía jurídica y económica.

El inciso c del artículo 32 queda como sigue: “Atención a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad”.

Las comisiones rechazaron la reserva que presentó la diputada Elizabeth Yáñez Robles (PAN) al artículo 26, con el propósito de no desaparecer la Secretaría de la Función Pública hasta crear un organismo anticorrupción autónomo.

La reunión de las Comisiones Unidas inició poco después del mediodía de ayer miércoles, encabezada por los presidentes de las comisiones de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), y de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), y concluyó a las 04:50 horas de este jueves

De inmediato dos legisladores cuestionaron el proceso para discutir la iniciativa.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) dijo que se estaban violentando los procedimientos; pidió que se suspendiera esta reunión y propuso que se llamaran a debatir estos temas a las comisiones de Desarrollo Social, Reforma Agraria y la de Hacienda.

Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) señaló que para avanzar en la discusión se tenían que realizar audiencias públicas con sectores y especialistas, con el propósito de tener diversos análisis y “crear un espacio de diálogo”.

Posteriormente, se aprobó el orden del día e inició el posicionamiento de seis diputados a favor (PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza) y seis en contra de la iniciativa (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), por tres minutos cada uno.

El primero que habló a favor fue el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, José Montano Guzmán (PRI), y dijo que fortalecer a la Secretaría de Gobernación, como se propone, evitará dispersión de la información delictiva y se consolidará un sistema de seguridad humana, donde la prevención sea el eje del trabajo.

Los diputados del PRI rechazaron que al modificar las funciones y facultades de la Secretaría de Gobernación se pretenda “hacer una súper secretaría o que haya un vicepresidente, como se ha dicho”.

“Sí estamos de acuerdo en que se trasladen las funciones de la Seguridad Pública a Gobernación, pero que no se utilice a la policía con fines políticos”, dijo el diputado panista Juan Aquino Calvo.

Adelantó que su bancada votaría en contra de que la Secretaría de Desarrollo Social quede al mando del Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Mónica García de la Fuente (PVEM) afirmó que la reorganización de la Administración Pública busca modernizar el sistema y la coordinación entre dependencias, mientras que Luis González Roldán (Nueva Alianza) dijo que establece un esquema funcional de las dependencias federales.

El primero en contra fue Rodrigo González Barrios (PRD), quien aseguró que se violaba el proceso legislativo porque la convocatoria no fue circulada con cinco días de anticipación a esta reunión, como lo señala el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

“Están haciendo un Estado de represión, macanas, de pistola, de los atencos, de los michoacanazos, que reprime a los jóvenes, ésta es la cara del nuevo PRI, porque así se demuestra quién manda en el nuevo PRI, la mafia que manda y que obedece”, dijo Huerta Ladrón de Guevara (PT).

Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) calificó las reformas propuestas como restauradoras del viejo régimen y recetas del pasado, con las cuales quieren responder a los retos del presente.

Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) advirtió que si se desmantela a la Secretaría de la Función Pública (SFP) se dispararía la corrupción.

Posteriormente se acordó una segunda ronda de posicionamientos con las mismas características.

A favor estuvieron Alfonso Robledo Leal (PAN), Francisco González Vargas (PRI), Arturo Camarena García (PVEM), Sonia Rincón Chanona (NA), Simón Valanci Buzali (PRI) y Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI).

En contra lo hicieron Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) Luis Arias Pallares (PRD), Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) Julio César Moreno (PRD), Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT).

Al concluir estos posicionamientos, se consideró que el proyecto de dictamen había sido suficientemente discutido, se votó en lo general y fue aprobado.

La Comisión de Gobernación registró 22 votos a favor y ocho en contra, mientras que en la de Seguridad Pública fueron 19 a favor y cinco en contra.

Los diputados del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PAN votaron a favor en lo general, aunque el PAN adelantó que tenía reservas en lo particular, y legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano lo hicieron en contra.

Se habían presentado y rechazado cuatro reservas, a los artículos 1, 10, 13 y 25, de PRD y Movimiento Ciudadano, cuando las Comisiones Unidas se declararon en sesión permanente, se anunció un receso alrededor de las 16:40 horas y se reanudó la reunión a las 00:30 horas de este jueves, para discutir las reservas.

ALRG/JGM