Palacio Legislativo 04-12-2012 (Notilegis).- Diputados rechazaron los actos violentos del sábado pasado, pidieron que los detenidos sean procesados de acuerdo a derecho, se libere a posibles inocentes y no se restrinja el derecho a la manifestación.

Legisladores de los siete grupos parlamentarios subieron a tribuna para fijar su posición sobre esos incidentes.

El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) rechazó los actos violentos, pidió privilegiar la política y afirmó que “éste es el momento del diálogo, los acuerdos y consensos”.

Dijo que las autoridades deben garantizar el derecho a la manifestación e impartir justicia, porque ese derecho termina cuando la ley se trasgrede. Las bombas molotov no aportan a la democracia, indicó.

El legislador de Acción Nacional, Juan Jesús Aquino Calvo, condenó los hechos y refirió que es obligación del gobierno federal respetar y garantizar los derechos consagrados en la Constitución, a fin de consolidar la democracia mexicana.

Sostuvo que el PAN aquilata la participación de los demócratas que han hecho transitar al país de un Estado autoritario a uno democrático, por lo que insistió que estos hechos deben evitarse mediante la construcción de acuerdos que permitan al país transitar en paz.

Del PRD, el diputado Roberto López Suárez, expresó la extrañeza y preocupación por la forma en cómo se quieren criminalizar las manifestaciones, mediante la detención de jóvenes, en especial la consignación de 11 mujeres.

Aseguró que existen videos que demuestran que no existieron actos violentos por parte de mujeres; sin embargo, ya fueron trasladadas a la penitenciaria de Santa Martha Acatitla.

Deslindó a su partido de estar involucrado en la serie de manifestaciones violentas, al tiempo que solicitó a las autoridades federales brindar un informe detallado de los hechos, identificar a los responsables y otorgarles un castigo, así como liberar a los jóvenes inocentes que siguen detenidos.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Luisa María Alcalde Luján, reprochó la actitud de violencia con la que se trató a los jóvenes “que se manifestaban pacíficamente y que fueron infiltrados por grupos violentos”.

“Nos sorprende que la fórmula siga funcionando a quien la aplica, a quien lucra con dividir al país a través de infiltrados, cadenas y gas lacrimógeno. Surgieron personas, no sé si pagados o no a jugar el juego de la violencia”, señaló.
Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) solicitó que las investigaciones correspondientes se lleven a cabo para sancionar a los responsables y en su caso, si es que los jóvenes fueron manipulados por algún grupo ajeno a la protesta.

Manifestó la urgencia de mejorar las condiciones de vida y atender las demandas de la sociedad de manera pacífica, sin hacer uso de la violencia, cerrazón ni agresión.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, acusó a las autoridades que participaron en el operativo de seguridad del 1 de diciembre de utilizar una estrategia política para crear un ambiente que justifique el uso de la fuerza pública ante cualquier manifestación social de inconformidad.

“Nos solidarizamos con las demandas de los jóvenes del país; queremos justicia, queremos libertad para los presos políticos, queremos la presentación de los desaparecidos y queremos un castigo a los responsables intelectuales y materiales del operativo y montaje que, desde nuestro punto de vista, se dio el primero de diciembre”, expresó.

Por Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón Chanona, rechazó la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tanto los actos vandálicos que destruyen la propiedad privada como la violencia institucional que recurre a la arbitrariedad y violación de los derechos humanos.

La legisladora consideró que sería grave que se confirmara la existencia de grupos contratados con el objetivo de generar violencia y exhortó a las autoridades actuar de manera imparcial y objetiva, ya que es inaceptable que “en aras de resolver este asunto de manera mediática se fabriquen delitos o culpables o se quiera estigmatizar a personas o grupos”.

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