Palacio Legislativo, 04-12-2012 (Notilegis).- La legisladora Rosa Elia Romero Guzmán, del grupo parlamentario del PT, propuso otorgar un apoyo económico mensual de 500 pesos a personas de cero a 69 años que padezcan algún tipo de discapacidad, que les impida desempeñar algún trabajo.

Durante la sesión de hoy, la legisladora presentó una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de brindarles un apoyo económico cada 30 días.

Su iniciativa plantea crear un Programa de Aportación Económica a las Personas con Discapacidad, principalmente entre los 0 y los 17 años y a quienes después de esta edad se vean totalmente impedidos para desempeñar un trabajo que les genere una percepción económica.

“Lo antes expresado generaría inicialmente un gasto de tres mil 814 millones 512 mil pesos basado en los 635 mil 752 menores de edad con una discapacidad”.

Dijo que esta cifra equivaldría al 0.09 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, que podría ser de “cuatro billones 236 mil 257 millones 698 pesos. (Cantidad prevista a efectos de la inflación.)”, detalló.

Romero Guzmán comentó que una parte importante de este sector se ve impedida para desarrollar trabajo físico o intelectual, por lo que es necesario apoyarla económicamente.

Explicó que la reforma al artículo 21 de dicho marco jurídico especifica que este apoyo económico deberá de ser mensual equivalente a 500 pesos y los familiares de las personas con discapacidad deberán presentar los siguientes requisitos:

1.- Certificado médico emitido por una institución pública o reconocida por las autoridades competentes, señalando cédula profesional y firma del médico, el cual certifique el estado de salud de la persona que requerirá ingresar al programa de apoyo.

2. – El familiar de la persona con discapacidad de entre 0 y 17 años de edad, deberá comprobar con cualquier documento que señale la fecha de nacimiento.

3. En el caso de los mayores de edad (entre 18 y 69 Años de edad) con discapacidad deberán demostrar clínicamente que tienen un impedimento total que les permita realizar un trabajo que les genere una percepción económica.

4. Comprobar que el interesado reside en unidades de muy alta, alta o media marginación.

La diputada añadió que la situación económica en que se encuentra la mayoría de las personas discapacitadas refleja una problemática muy grande, ya que muchas veces no existen los recursos ni siquiera para su atención médica, para que reciban terapias o trasladarlas a algún centro de rehabilitación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen y para opinión a la Presupuesto y Cuenta Pública.
ALRG