Palacio Legislativo, 22-01-2013 (Notilegis).- El diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) propuso sancionar a responsables del sobreendeudamiento de estados y municipios y que sean los legisladores, no el Ejecutivo, quienes determinen la necesidad de un eventual rescate financiero.

Reconoció la prudencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al señalar que no procedería al rescate de las finanzas locales, aunque consideró esta decisión como una “extralimitación”.

“No es facultad del Poder Ejecutivo Federal decidir si se instrumenta un programa de rescate, sino del Poder Legislativo”, aseveró el diputado en un comunicado.

Indicó que los órganos de fiscalización deben auditar las deudas y contratación de obligaciones de pago para fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Estas auditorías, agregó, serán la base para que el Congreso de la Unión, y no la SHCP o cualquier otro organismo federal, determine si se instrumenta un programa de rescate de las finanzas estatales y municipales.

“No sería aceptable, desde ningún punto de vista, que si hay casos de corrupción o de incumplimiento a las leyes, el premio sea que la federación rescate e intervenga con recursos públicos, sin que primero se castigue a los responsables”, dijo.

El diputado comentó que la crisis financiera de los estados “tiene elementos graves”, pues en la contratación de deuda y compromisos de pago “se han identificado conductas delictivas y las obligaciones de pago comprometen de manera significativa los ingresos públicos”.

Señaló que mientras en 1994 las obligaciones financieras de los estados sumaban 26 mil 728 millones de pesos, en 2012 ascendieron a 396 mil 832 millones, con lo que ascendieron del 64.5 al 78.6 por ciento de las participaciones federales.

Aseguró que pedirá a la Comisión Permanente, mediante un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorte a las legislaturas locales a realizar auditorías y entregar copia de los resultados al Congreso de la Unión, así como las autoridades administrativas y penales correspondientes para actuar de manera pertinente.

OAA