Palacio Legislativo 23-01-2013 (Notilegis).- La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que condene el juicio militar de un tribunal marroquí contra 23 civiles saharahuis que habitaban un campamento instalado en el 2010, en protesta porque Marruecos mantiene ocupado su territorio.

En el pronunciamiento se indica que México es uno de los más de 80 Estados que han reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática desde el año 1979 y se establecieron relaciones diplomáticas.

A través de un punto de acuerdo, la Permanente también pidió a la cancillería que solicite a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenir para que se respeten los derechos humanos de la población saharaui.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) expuso que el Sáhara Occidental, situado al norte de África, es uno de los 16 territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Se encuentra en disputa desde 1975, año en el que el reino de Marruecos lo invadió alegando que, antes de ser colonizado por España, había sido parte de su territorio.

Sin embargo, el Tribunal Internacional de La Haya determinó que nunca ha existido vínculo de soberanía alguno de Marruecos sobre el territorio del entonces, Sáhara Español.

No obstante, el gobierno marroquí sigue ocupando de manera ilegal el territorio saharaui.

Ante el hartazgo que significa vivir bajo el yugo del país ocupante, la población civil saharaui instaló un campamento de protesta en octubre de 2010, a unos 15 kilómetros a las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado.

Esta acción es considerada como el inicio del movimiento social conocido como Primavera Árabe, que se extendió en el mundo entero.

En la madrugada del 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron violentamente el campamento de protesta, conocido como Gdeim Izik, que en ese momento contaba con la participación de más de 20 mil saharauis.

Dicho desmantelamiento dejo un saldo de 23 civiles saharauis detenidos, quienes, bajo tortura, han esperado un juicio con el que puedan demostrar su inocencia.

El próximo 1 de febrero serán juzgados en un tribunal militar marroquí, a pesar de que son civiles.

Este acto merece ser condenado por quienes creen en la legalidad internacional y en el respeto a los derechos humanos, sin importar nacionalidad, señala el texto del punto de acuerdo.

AMR