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Nota N°. 1569 Deficiencias en proceso contra Florence Cassez fueron contundentes para que la SCJN dictara su libertad absoluta, afirman legisladores del PRI, PAN y PRD

Palacio Legislativo 23-01-2013 (Notilegis).- Las deficiencias en el proceso que enfrentó la francesa Florence Cassez fueron contundentes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictara este miércoles su libertad absoluta, afirmaron legisladores del PRI, PAN y PRD.

Cassez cumplía una condena de 60 años por secuestro, en un reclusorio femenil de la ciudad de México, y tras el fallo podría viajar a su país en las próximas horas.

El senador Arturo Zamora Jiménez (PRI) señaló que su bancada respeta el fallo de la SCJN y subrayó que esta sentencia definitiva deja en una buena posición a la justicia mexicana.

Por el contrario, subrayó que ahora el reto es recuperar la credibilidad de los órganos policiacos y de procuración de justicia.

“La Corte toma esta decisión en función de la valoración de todas las pruebas, sin duda alguna en el resultado devienen las declaraciones certeras de los ministros, en el sentido de que hubo violaciones a derechos humanos y garantías consagradas en tratados internacionales”, dijo.

En declaraciones a la prensa, el senado priista subrayó que en México se tiene que cumplir con el debido proceso y con la inmediatez de las pruebas, ya que los vicios de origen dejan en la indefensión a las víctimas y lesionan intereses particulares.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Guillermo Anaya Llamas (PAN), indicó que la SCJN deberá explicar cuáles fueron los criterios para determinar la inocencia de Cassez, luego de que la declarara culpable en marzo de 2012.

“Todos esperamos a estudiar los diferentes criterios que tuvo la Suprema Corte de Justicia, que no podemos pensar que tuvo razonamientos políticos sino solamente razonamientos jurídicos y un cambio de criterio”, comentó.

Consideró que no hubo un fracaso en la impartición de justicia durante el sexenio del Felipe Calderón porque fue el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el que primero tuvo valoraciones para enjuiciar a Cassez y después modificó su postura.

El senador Roberto Gil Zuarth (PAN) señaló que al decretar la SCJN la insolvencia de las pruebas respecto a la acusación contra Florence Cassez, quedarán aún sin resolver los crímenes que le habían sido imputados.

“Ha quedado impune un delito; víctimas quedarán sin la satisfacción de la justicia y, evidentemente, tiene que ver con una indebida actuación de ciertas autoridades que no cuidaron correctamente su investigación, que no custodiaron correctamente las pruebas”, dijo.

Afirmó que la Función Pública y el propio Ministerio Público deberán ser las que investiguen y se pronuncien sobre si hubo negligencia dolosa por parte de funcionarios públicos en la obtención y resguardo de las pruebas.

“Acción Nacional está por la transparencia y está porque si hay una actuación indebida, negligente, dolosa o culposa, se sancione”, afirmó.

El senador Mario Delgado Carrillo (PRD) consideró que el fallo de la SCJN es una llamada de atención a la forma en que se ejerció la procuración y administración de justicia durante el gobierno de Felipe Calderón.

Indicó que Florence Cassez, como inculpada, tuvo un gobierno extranjero que la defendió, “respaldo que no tienen los mexicanos en la misma situación”.

Consideró que las autoridades deben investigar para encontrar a los culpables de que se haya manipulado una escena del crimen y haber conducido de manera errónea un proceso penal.

"Nos falta el responsable de quién manipuló, simuló, alteró y violó derechos humanos; y nos faltan también los responsables de los secuestros que en los que, aparentemente, ella había participado”, concluyó Mario Delgado.

OAA / AMR

 
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