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Nota N°. 1960 Para terminar con la corrupción se debe crear órgano autónomo con facultades jurisdiccionales que supla o coadyuve con la ASF, afirma Reyes Gámiz (de sábado para domingo)

Palacio Legislativo, 23-02-2013 (Notilegis).- El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD), secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, afirmó que para terminar con la corrupción en el país debe crearse un órgano autónomo con facultades jurisdiccionales que castigue a quienes incurran en este delito.

Este órgano supliría o coadyuvaría en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es un ente técnico de la Cámara de Diputados, dotado solamente de autonomía técnica y de gestión.

El legislador señaló que cada año se generan auditorías que son determinadas por instancias cuyos alcances no están delimitados, como la ASF, por lo que hay pocas sanciones a quienes cometen delitos desde instituciones públicas.

“El problema es que se toma el asunto como un tema de moda, sin que se creen órganos autónomos a los que se les confiera facultades jurisdiccionales para, en todo caso, fincar responsabilidades; eso es lo que hace falta”, aseveró.

Agregó que, tras las resoluciones en materia de corrupción del informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2011, entregado el pasado miércoles a la Cámara de Diputados, debe iniciarse un proceso penal contra funcionarios corruptos.

En este informe, la ASF destaca que en los últimos 30 años, de 1981 a 2011, las políticas públicas de combate a la corrupción no han dado resultados, y expone que este delito se incrementó en un 31 por ciento durante el quinto año de la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Las resoluciones que ha emitido la ASF hace unos días deberían ser materia de un proceso judicial que fincara responsabilidades, y hasta no ver zanjada esa responsabilidades nosotros no deberíamos pensar que ya están concluidos los procesos”, añadió el diputado perredista.

Explicó que el problema de la corrupción nace de causas culturales, cívicas y, sobre todo, de la falta de procedimientos y normatividades claras y específicas que impidan que la gestión pública sea vista como “un arca abierta para enriquecer los bolsillos de los funcionarios en turno”.

OAA/JGM

 
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