Palacio Legislativo 06-03-2013 (Notilegis).- Las comisiones de Juventud de la Cámara de Diputados y el Senado de la República acordaron este miércoles, en un encuentro en San Lázaro, concretar legislaciones a favor de los jóvenes y evitar que caigan en manos del crimen organizado.

El presidente de la comisión de los diputados, José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), se pronunció por integrar una agenda consensada para el desarrollo de los jóvenes, a fin de incrementar su calidad de vida y evitar que sean captados por el crimen organizado.

Señaló que ya se impulsan reformas a los artículos 4 y 73 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a un desarrollo integral.

Esa minuta está pendiente de dictaminar por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado, indicó Oliveros Usabiaga durante el encuentro entre diputados y senadores en materia de juventud.

“Se requiere aprobar esos cambios para que se cree la Ley General de Juventud, a fin de reglamentar los derechos y deberes de los jóvenes, delimitar el término juventud y establecer políticas interinstitucionales”, afirmó.

Agregó que de los 36.2 millones jóvenes, que representan cerca del 33 por ciento de la población total del país, más de ocho millones no estudian ni trabajan por falta de oportunidades.

El secretario de la Comisión de Juventud del Senado, Daniel Ávila Ruiz (PAN), refrendó el compromiso de impulsar una agenda que dé respuesta a los 36 millones jóvenes que están en espera de un espacio en la escuela, de empleo, salario dignos y acceso a crédito para vivienda.

Hizo notar que una consecuencia de las carencias en educación y empleo es el aumento de la migración; el 72 por ciento de la población que emigra al año está integrada por jóvenes que buscan una mejor calidad de vida.

Durante la última década el consumo de marihuana creció en un millón de adictos en ese sector, y el de cocaína en un millón 350 mil, alertó el legislador.

Otro efecto, agregó, es su falta de interés en los asuntos políticos y sociales. “Son el sector que menos participa en los procesos electorales y en actividades de la organización civil”, dijo.

AMR/JGM