Palacio Legislativo 19-03-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a condenar la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a 24 presos civiles saharauis juzgados en un tribunal militar marroquí, el pasado 17 de febrero.

El punto de acuerdo avalado fue presentado por la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), quien explicó en tribuna que el Sahara Occidental es un territorio de África, situado en el extremo occidental del desierto del mismo nombre.

El proceso de descolonización del Sahara Occidental fue interrumpido en 1976, cuando su antigua potencia colonial, España, abandonó el territorio y lo dejó en manos del reino de Marruecos y Mauritania.

No obstante, para la ONU esos acuerdos no convirtieron a Marruecos y a Mauritania en potencias administradoras del territorio, por lo que éste sigue siendo, a efectos jurídicos, un territorio no autónomo.

El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya determinó que nunca han existido vínculos de soberanía entre el reino de Marruecos y el Sahara Occidental.

En la actualidad, más de la mitad del territorio del Sahara sigue ocupado por Marruecos, pero no existe Estado alguno que reconozca la soberanía marroquí.

En 1976 el representante del pueblo saharaui, el Frente de Liberación Nacional, conocido como Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países.

México reconoce y sostiene relaciones diplomáticas con la República Saharaui desde 1979.

A partir del 9 de octubre de 2010, en Gdeim Izik, al este de El Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado, comenzó a organizarse por parte de la población civil saharaui, un campamento pacífico, en protesta por la violación a sus derechos civiles y económicos en la zona ocupada, como lo son el derecho a la vivienda y al empleo.

Las demandas exigidas hasta ese entonces resaltaban el derecho a la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental, por la población saharaui. Dado que los beneficios son disfrutados por el reino de Marruecos.

En la madrugada del 8 de noviembre del 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento.

El 17 de febrero pasado, a dos años y tres meses del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, 24 activistas saharauis fueron juzgados por un tribunal militar en Rabat.

Las condenas de estos detenidos resultaron excesivamente severas, nueve de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, cuatro a 30 años de cárcel, tres a 20 años, siete a 25 años y dos han sido puestos en libertad por considerarse que ya han cumplido su pena.

Luego que el Tribunal Militar marroquí emitió la condena, Amnistía Internacional manifestó que las autoridades marroquíes deberían recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a presos saharauis y entonces investigar exhaustivamente las denuncias de tortura que han manifestado.

La diputada Aguilar Gil señaló la necesidad de que México asuma una postura firme en la que se repudien este tipo de actos violatorios de los derechos humanos.

Durante el primer periodo de receso del Congreso de la Unión, se aprobó en la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno mexicano, condenara el juicio militar que el reino de Marruecos planeaba realizar contra estos civiles saharauis.

Al llamado de la Comisión Permanente, la cancillería mexicana no emitió respuesta. “Lo cual resulta preocupante y cuestionable, ya que el caso de los civiles saharauis era evidentemente justo defender y apoyar condenando el procedimiento”.

ASC/JGM