Palacio Legislativo, 02-04-2013 (Notilegis).- La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN) propuso que, en caso de desacuerdo sobre la potestad de los hijos tras un divorcio, el juez determine qué padre mantiene la custodia de los menores con base en el resultado de pruebas psicológicas y de trabajo social.

Para ello, planteó reformar y adicionar el artículo 416 del Código Civil Federal, y el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al presentar la iniciativa, la diputada señaló que ésta tiene por objeto “constreñir al juzgador para que se acerque de datos objetivos que le permitan determinar con sustento en criterios técnicos, quién debe quedarse con la guarda y custodia de los menores”.

Afirmó que la carencia de una legislación que obligue a la autoridad a constatar la aptitud socio-emocional de quien pretenda la guarda y custodia del menor, “pone al mismo en una situación de peligro”.

Esto, porque el bien jurídico que tutela el Estado es el derecho a un desarrollo pleno del menor, lejos de la violencia, en una vida digna, con atención y cuidados de quien realmente pueda dárselos, manifestó.

Agregó que la legislación federal, procesal y sustantiva, establecen, de manera subjetiva, que el menor deberá quedar al cuidado de su madre, salvo cuando ello le sea perjudicial.

“Sin embargo, en muchas ocasiones la idoneidad de la madre, del padre o de cualquier otro familiar que conforme a la prelación de la patria potestad deba ejercer el derecho, no se verifica de forma obligatoria por la autoridad, salvo que lo solicite una de las partes o incluso el Ministerio Público”, explicó.

Por esto, reiteró la necesidad de verificar la aptitud de quien se hará cargo del menor con pruebas periciales en psicología familiar y de trabajo social, y que éstas sean ordenadas de oficio.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictamen.

OAA