Palacio Legislativo, 02-04-2013 (Notilegis).- La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI) presentó una iniciativa que busca garantizar la seguridad y protección civil de los mexicanos, previniendo los riesgos naturales y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos.

Dicha iniciativa reforma la Ley General de Asentamientos Humanos y le adiciona un capítulo noveno, denominado “Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos”.

Este nuevo capítulo de la legislación establece las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio, mismas que deberán cumplir personas físicas y morales, públicas o privadas.

Al fundamentar la iniciativa, la diputada Gauna Ruiz de León indicó que las ciudades crecen con graves problemas de desorden, carencias y deterioro, por lo que en México cerca de 22 millones de personas están expuestas en mayor medida a los fenómenos hidrometeorológicos.

“La dispersión y en muchos casos, la no existencia de reservas territoriales que orienten el crecimiento, propicia que se ocupen tierras vulnerables a riesgos naturales… por lo que la previsión de incidencia de estos eventos en las zonas de mayor vulnerabilidad del país requiere atención inmediata”, dijo.

La propuesta también plantea que se considera de utilidad pública la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Corresponde a la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la prevención de riesgos en los asentamientos humanos y formular los Atlas de Riesgo de su competencia, establece.

Asimismo, decreta que los municipios tendrán la obligación de expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, evaluando y previniendo la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico que pudieran poner en peligro a la población o a sus bienes.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su dictamen.

OAA