Palacio Legislativo 03-04-2013 (Notilegis).- Los diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) propusieron que en la franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 de las playas, los extranjeros puedan adquirir el dominio de tierras para uso exclusivo de vivienda, sin fines comerciales.

La iniciativa busca reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

En la exposición de motivos se señala que en la actualidad, quienes no poseen la nacionalidad mexicana, por nacimiento o por naturalización, no tienen la facultad de adquirir propiedades en las franjas antes mencionadas, como sí pueden hacerlo los mexicanos.

Esto, como respuesta a problemas de política internacional del siglo XIX, cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones.

“Hoy, ese temor ha desaparecido. Las luchas cuerpo a cuerpo han dejado de ser el medio en las disputas y con ello desapareció también el peligro de otorgar propiedades a extranjeros”, señala el texto.

Refiere que en la Carta Magna se establece la prohibición, sin embargo , en la práctica esta limitante se evade, al posibilitarse para efectos de la inversión, la constitución de fideicomisos en los que los bancos fiduciarios figuran como “propietarios” de los bienes adquiridos por los fideicomisarios.

“Esta situación ha implicado para los extranjeros, en su carácter de fideicomisarios, tener que enfrentar altos costos derivados de la constitución de los fideicomisos y de pagos de cuotas diversas por trámites de registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad gubernamental”.

Los diputados que presentan la iniciativa señalan que uno de los objetivos de su propuesta es eliminar a los intermediarios en la materia, en este caso a las casas inmobiliarias o constructoras que figuran como los propietarios del terreno, pero venden la construcción a extranjeros.

Estas razones deben motivarnos a procurar una reforma del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera tal que con esto se garantice la certeza de protección jurídica que demandan los ciudadanos extranjeros.

AMR