Palacio Legislativo 09-04-2013 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PVEM y NA, presentaron una iniciativa que reduce de 40 a 20 días el plazo por el que la autoridad judicial podrá decretar el arraigo a presuntos delincuentes, que se podrá ampliar a otros 20 días siempre y cuando se acredite que subsisten las causas.

La iniciativa fue suscrita por los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera; el PAN, Luis Alberto Villarreal García; el PVEM, Arturo Escobar y Vega, y de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, así como por otros legisladores, entre ellos Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI), que la presentó al Pleno.

La propuesta también estipula que sólo procederá el arraigo cuando se acredite la existencia de indicios suficientes que vinculen a la persona con algún delito.

La iniciativa destaca también que en los casos donde el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el plazo de 48 horas que tiene el Ministerio Público para ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial se ampliará 72 horas adicionales.

Con esta propuesta se establecen disposiciones para que la autoridad cuente con instrumentos que permitan construir una investigación eficaz, a la vez que se prevén límites claros que impidan una actuación arbitraria que tenga por consecuencia la vulneración de los derechos humanos, señala el documento.

En la exposición de motivos, se asegura que en la actualidad existe una preocupación real en torno a la regulación constitucional del arraigo, así como a la forma en que se ejecuta dicha figura por las autoridades competentes.

Se subraya que el arraigo no es por sí mismo una figura que lesione o vulnere los derechos humanos de los imputados, sino que son las condiciones en las que se lleva a cabo las que pueden resultar en un daño a la esfera de derechos de los individuos.

“Quienes presentamos esta iniciativa somos sensibles a los reclamos que desde la sociedad civil y desde distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos señalan que es imperativo realizar una revisión exhaustiva de la figura del arraigo, a fin de modificar los alcances de esta medida y evitar en lo sucesivo abusos en el uso de la misma”, refiere el documento.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

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