Palacio Legislativo, 18-04-2013 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó este jueves el dictamen de reforma al artículo 27 de la Constitución, con el propósito de que los extranjeros puedan tener viviendas en playas y fronteras.

También se acordó turnar el dictamen de inmediato al Pleno para que pase a primera lectura y se puede discutir la próxima semana, afirmó el diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión.

Durante la reunión de trabajo, diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM se manifestaron a favor del dictamen, en tanto Movimiento Ciudadano votó en contra y anunció que presentará un voto particular al respecto.

El dictamen modifica la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en una franja de 100 kilómetros de las fronteras y de 50 en las costas por parte de extranjeros, siempre que su uso sea con fines residenciales.

Con esta modificación se “dará certeza a la inversión extranjera en vivienda, pues hoy en día existe un número importante de propietarios extranjeros que, mediante la figura del fideicomiso, poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la franja territorial precisada”, se indica en el documento.

Explica que, históricamente, los extranjeros se les ha prohibido adquirir tierras en la franja de cien kilómetros en la frontera y de cincuenta en playas, ya que, “por motivos estratégicos militares se consideró un riesgo establecer permanentemente a los extranjeros en las fronteras y costas”.

El dictamen expone dicha prohibición ha dejado de tener vigencia y contenido práctico, pues la suscripción de tratados internacionales dan al país la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la inversión extranjera en la zona referida no representa un riesgo para el país.

Es por ello que el artículo 27 de la Constitución debe actualizarse a la realidad social y económica, “debido a que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas”, asevera.

Agrega que la modificación constitucional, además de garantizar certeza jurídica a la propiedad, repercutirá favorablemente en los ingresos tributarios de los municipios, ya que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional, las autoridades podrán recaudar el impuesto predial.

Subraya que los extranjeros que adquieran la propiedad de tierras y aguas ubicadas en territorio nacional seguirán haciéndolo bajo la prevención de la suscripción de un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la denominada Cláusula Calvo.

Dicho convenio establece que el extranjero interesado deberá considerarse como nacional respecto de todos los bienes que adquiera y renunciar a invocar la protección de su gobierno, en relación con dichos bienes.

En caso de faltar a este acuerdo, y promover cualquier reclamación diplomática en contra de México, se le sancionará con la pérdida de los bienes adquiridos, en beneficio de la nación mexicana.

Los integrantes también aprobaron una reserva al dictamen propuesta por el diputado del PRI, Humberto Gutiérrez de la Garza, para agregar al dictamen que la adquisición de tierras en la franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas se condicionará a los siguientes puntos:

1. Que el uso de las tierras sea destinado para viviendas única y exclusivamente.

2. Que no tenga un uso comercial o, en su caso, industrial o agrícola, o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta, que derive en un uso distinto a la vivienda o casa habitación.

3. Que el extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional.

4.En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Estas modificaciones se reflejarán en una adición a la fracción primera del párrafo noveno del artículo 27 constitucional, un artículo transitorio tercero en el dictamen y en las consideraciones de éste.

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