Palacio Legislativo, 22-04-2013 (Notilegis).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se pronunció por revisar de manera integral la entrega y ejercicio de recursos del gobierno federal a estados, municipios y demarcaciones del Distrito Federal y urgió la promulgación de la Ley General de Gasto Federalizado.

“Sin menoscabar los beneficios que representa el gasto federalizado, debe reconocerse que la gestión de estos recursos registra insuficiencias que, en buena medida, obedecen a la imprecisión del marco jurídico y normativo, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez.

Dijo que el marco normativo del gasto federalizado, las reglas de operación respectivas y el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros, “ya no corresponden a las nuevas realidades y necesidades de las entidades federativas y municipios.

Aseguró que hay una opacidad significativa en la gestión del gasto, que se manifiesta, sobre todo, en la entrega irregular de los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos, así como en la falta de evaluación de los impactos sociales de las obras y acciones con base en indicadores estratégicos y de gestión.

“Los recursos se distribuyen entre las entidades federativas y municipios de manera inercial, sin considerar los resultados obtenidos”, señaló Portal Martínez en reunión con la Comisión de Vigilancia de la ASF, para revisar el informe del gasto público de 2011.

También afirmó que los sistemas de control interno para la gestión de los fondos y programas registran debilidades importantes, principalmente en los municipios.

Recordó que el gasto federalizado ascendió a 1.2 billones de pesos en el 2011, que significó el 32.4 por ciento del gasto neto total del sector público.

Estas transferencias representan la principal fuente de recursos de las entidades federativas y municipios, ya que equivalen, en el primer caso, alrededor del 90 por ciento de sus ingresos y, en el segundo, el 65 por ciento.

Dijo que del total de este rubro, el 59.7 por ciento correspondió a transferencias condicionadas y el 40.3 por ciento a participaciones fiscales. Señaló que este último rubro no constituye un objeto de revisión dentro del mandato de la ASF.

Aclaró que se realizaron 640 auditorías del gasto federalizado de la Cuenta Pública del 2011, las que arrojaron mil 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 13 denuncias de hechos, entre otras.

También mencionó que por primera vez se solicitó a las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales llevar a cabo auditorías complementarias a las practicadas directamente por la ASF a áreas como educación y salud.

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