Palacio Legislativo, 30-04-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen por unanimidad, con 435 votos a favor, para que entre los objetivos de la educación impartida por el Estado se contemple el fomento a la aplicación responsable de las innovaciones científicas y tecnológicas.

Asimismo, para que la autoridad educativa federal tenga la responsabilidad de fijar lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo.

El dictamen reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnología en el sistema educativo nacional, deriva de una minuta enviada por el Senado en octubre de 2011 y tras su aprobación en San Lázaro se regresa a la cámara alta por los cambios que sufrió.

En el documento se establece que las autoridades educativas federales y locales deberán fomentar el uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo.

Con esta medida se busca “apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”, indica el texto.

“En el ámbito educativo, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede contribuir al acceso universal a la educación, a la equidad, a la labor y el desarrollo profesional de los educadores y a una dirección y administración eficiente del sistema educativo”, asevera.

Agrega que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la planificación educativa, ampliando el acceso al aprendizaje, mejorando la calidad y garantizando la integración.

No obstante, reconoce que el acceso a los distintos sistemas de comunicación puede acercar a los niñas, niños y jóvenes a diversos riesgos de los que pueden ser víctimas, como la discriminación, violencia, explotación sexual y pornografía.

Por ello, concluye, “es prioritario el establecimiento de dispositivos legales -desde los enfoques normativo y de políticas públicas- para enfrentar los aspectos relacionados con la Sociedad de la Información y Conocimiento, en especial del Internet y las redes sociales digitales”.

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