Palacio Legislativo, 30-04-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, por 382 votos a favor, un dictamen para impulsar la educación inclusiva en el sistema nacional y establecer en la Ley General de Educación que todo individuo tiene derecho a recibir enseñanza en condiciones de equidad.

El proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, deviene de una minuta del Senado, modificada por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de San Lázaro, por lo que se regresará a la cámara alta.

El dictamen establece en la legislación que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

Con este objeto, señala que las autoridades educativas deberán desarrollar programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Dicha capacitación “promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta condición”, indica.

Agrega que la autoridad educativa federal también deberá editar los materiales educativos y libros de texto gratuitos en formatos accesibles.

Además, deberá garantizar que los planteles de educación básica regular cuenten con edificios e instalaciones accesibles, para favorecer la atención de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes.

Sin embargo, esto no cancelará su posibilidad de acceder a escuelas de educación especial.

El dictamen plantea, asimismo, que entre los fines de la educación que imparta el Estado se incluya fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

También proyecta que las instituciones del sistema educativo nacional impartan enseñanza de manera que permita al estudiante su plena inclusión y participación en la sociedad.

Propone también que las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, puedan impartir educación y obtengan apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para capacitar a su personal.

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