Palacio Legislativo 08-05-2013 (Notilegis).- El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa en la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado, para expedir la Ley que crea un Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro.

Recordó que las cajas de ahorro son instituciones financieras denominadas jurídicamente Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) y Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).

Las SCAP se manejan para obtener algún beneficio, basándose en el ahorro y el crédito popular, y las SOFIPO responden a las necesidades de un amplio sector de la población que no tiene acceso a la banca tradicional.

Tanto las SCAP y las SOFIPO deben regirse por la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y la Ley de Sociedades Mercantiles (LSM), teniendo como finalidad el ofrecimiento de servicios financieros a personas que se encuentran excluidas de los sistemas tradicionales de crédito.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en México existen mil 407 municipios que no cuentan con ninguna sucursal bancaria, lo que aumenta la cifra de personas que ahorran en las mencionadas cajas.

Sin embargo, afirma Monreal Ávila, la poca vigilancia a las cajas populares por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CNBV y el vacío legal que existe en la materia, han permitido que en los últimos 10 años, más de 200 mil ahorradores sufran fraudes por cajas de ahorro en todo el país.

Dijo que por eso se requiere crear un fideicomiso que otorgue a los defraudados un apoyo social a través de una aportación inicial del gobierno federal, de dos mil millones de pesos, y de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años subsecuentes.

La iniciativa establece que el Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que administrará el Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país.

El Fideicomiso contaría con un Comité Técnico integrado por un representante de la SHCP, las secretarías de Gobernación y de Economía, así como de la Auditoría Superior de la Federación y como invitado permanente, con un representante del Poder Legislativo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

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