Palacio Legislativo, 07-06-2013 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN y PRD coincidieron por separado en que la iniciativa del gobierno federal que propone endurecer sanciones contra actos terroristas y de lavado de dinero busca adecuar la legislación mexicana con las normas internacionales.

Se pretende dar cumplimiento a la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional en un esfuerzo por formar un frente internacional contra actos terroristas y estructuras financieras del crimen, indicaron.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó el miércoles pasado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la iniciativa que envió el Ejecutivo.

En ella se incluye al terrorismo como un delito atribuible a la delincuencia organizada, al lavado de dinero como una de las formas para financiarlo, y permite al Estado tomar posesión de los bienes incautados a personas que sean encontradas culpables de dichos delitos.

Aumenta de seis a 15 años la pena mínima de prisión y a 40 años la máxima, así como imponer mil 200 días de multa al culpable de utilizar sustancias tóxicas, químicas o biológicas, material nuclear, radiactivo, explosivos, armas de fuego o cualquier otro medio para realizar un ataque terrorista.

Se considera un agravante el hecho de que el ataque sea contra bienes públicos, se perjudique la economía nacional o se tome rehenes, a lo que se impone la pena máxima de 60 años de prisión.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) consideró que con esta iniciativa el gobierno federal busca armonizar y dar cumplimiento a tratados internacionales contemplados dentro de la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

La integrante de la Comisión de Justicia y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que estas acciones fortalecen el marco jurídico para enfrentar delitos vinculados al terrorismo y al lavado de dinero.

“Estaríamos armonizando nuestra legislación interna con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano”, afirmó.

Añadió que en 2008, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaron que pese a que el país había asumido compromisos internacionales, la legislación mexicana resultaba insuficiente para combatir este tipo de delitos.

Cárdenas Cantú aseguró que la iniciativa constituye un camino adecuado para combatir el crimen , ya que refuerza las acciones de una política del Estado que “debe ser preventiva, no sólo reactiva”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Guillermo Anaya Llamas (PAN), aseguró que esta iniciativa corresponde a la necesidad de formar un frente internacional contra los actos terroristas y de “golpear” las estructuras financieras del crimen organizado.

Señaló que debe aplicarse el derecho comparado con sistemas exitosos de otros países, para definir si las penas que se proponen en la iniciativa son las adecuadas para el delito de terrorismo y sus agravantes, así como para lavado de dinero y encubrimiento.

El diputado agregó que en el análisis de la iniciativa debe asegurarse que no exista ninguna mala interpretación de ésta, para que no puedan cometerse abusos por parte de las autoridades ni se menoscabe, con el pretexto de terrorismo, la libertad de expresión ni la manifestación de ideas.

“Nosotros estaremos muy pendientes de que realmente se ataque lo que se quiere combatir, que es el terrorismo y el financiamiento a la delincuencia organizada; que estas herramientas le sirvan al Ejecutivo federal para que nos procure a los mexicanos lo que tanto deseamos: la paz, la tranquilidad y nuestra libertad”, dijo.

La secretaría de la Comisión de Justicia, Alfa Eliana González Magallanes (PRD), dijo que se busca que la legislación mexicana se encuentre a la par de las normas internacionales, lo que significa un avance importante.

Sin embargo, señaló que el principal problema de México es la ineficiencia en la integración de los expedientes.

“Los ciudadanos quieren que cuando se comete algún delito se castigue a los responsables, eso tiene que ver con la eficiencia en la procuración de justicia más que con el incremento de las penas”, dijo.

Subrayó que si los procedimientos no son adecuados, “por muy alta que sea la pena, nunca se tendría a alguien a quien consignar en esos términos”.

En entrevista por separado, la legisladora indicó que el PRD siempre ha pugnado por la prevención del delito y el fortalecimiento de los valores como prioridades, y que el asunto de las penas sea el último recurso de las autoridades.

Señaló que los jueces deben tener una labor imparcial en la asignación de las penas, siempre procurando no trasgredir los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los convenios internacionales.

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