Palacio Legislativo 25-06-2013 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García Medina (PRD), rechazó la enmienda que aprobó ayer el Senado de Estados Unidos para reforzar la vigilancia en su frontera con México e hizo un llamado al Ejecutivo federal a pronunciarse al respecto.

“Es extremadamente delicado la decisión del Senado norteamericano de militarizar las frontera de Estados Unidos con México. México debe mostrar una actitud muy activa, al respecto”, dijo en el marco del 1° informe de actividades de la Comisión.

En el marco de la discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos, el Senado aprobó para su frontera sur el envió 40 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, la construcción de un muro de mil 126 kilómetros de largo y el uso de aviones no tripulados, radares y tecnología para detectar la entrada de indocumentados.

La diputada García Medina expresó su rechazo a la enmienda aprobada y aseguró que la migración no debe ser vista desde la óptica militar ni policiaca, ni de seguridad nacional.

La construcción de un muro es grave, indicó.

“Los migrantes no son un peligro y no pueden ser concebidos como un elemento de riesgo, por el contrario, ellos han contribuido a fortalecer la economía norteamericana”, comentó.

Consideró que los 50 consulados mexicanos que se encuentran en el vecino país del norte deben desplegar una acción de protección, orientación y de información a los connacionales sobre las medidas que ha tomado el Senado de Estados Unidos.

Contrario a la militarización que se llevará a cabo en la frontera, ésta debe ser una zona de desarrollo, generación de empleo, crecimiento e inversión, además de reforzar una buena relación como países vecinos.

La diputada perredista aseguró que la forma para frenar la migración, es generar desarrollo y crecimiento en los países de origen de los migrantes.

Agregó que la Iniciativa Mérida no se convierta en un instrumento contra los migrantes centroamericanos, ya que “ellos no son un riesgo”.

La Iniciativa Mérida fue activada en 2008; es un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

IPC/JGM