Palacio Legislativo 24-09-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 433 votos a favor, ampliar e implementar políticas de protección a menores que padecen reclutamientos forzados de delincuencia organizada y actos que afectan su salud emocional y sexual.

El dictamen aprobado parte de una iniciativa suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, modifica el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se turna al Senado para su eventual ratificación.

Considera que la elaboración e implementación de políticas eficaces en materia de protección integral de la infancia en el contexto actual de la delincuencia organizada, demanda la articulación de respuestas y adopción de mecanismos internacionales adecuados.

También señala la necesidad de adecuar el marco vigente en materia de protección de los derechos de menores y estima que entre 30 mil y 50 mil menores están involucrados en el crimen organizado.

El documento indica que niñas y niños de entre 9 y 17 años son explotados por los grupos criminales de diversas formas y están involucrados en unos 22 tipos de delitos, que van desde el tráfico de droga, hasta secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.

Considera que la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad.

El decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece:

Artículo 2l. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, “emocional y sexual”, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá que se vean afectados por

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y “de delincuencia organizada”.

YRE/JGM