Palacio Legislativo, 25-09-2013 (Notilegis).- Los siete grupos parlamentarios cuestionaron, en distintos tonos, al secretarío de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, sobre el contenido y la aplicación de la reforma educativa, promulgada en febrero pasado, y las leyes reglamentarias que entraron en vigor este mes.

El PRI, PAN, PVEM y NA defendieron estas reformas y se pronunciaron porque el Ejecutivo federal las ejerza, mientras el PRD, MC y PT se pronunciaron en contra y recriminaron el “trato punitivo hacia los profesores” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que las rechazan.

El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) dijo que la reforma educativa está centrada en tres ejes fundamentales: respeto a los derechos laborales de los docentes, elimina malas prácticas de ingreso y promoción y establece la evaluación obligatoria.

Indicó que la propuesta del Ejecutivo federal no nació de “una ocurrencia”, sino de una demanda de los ciudadanos y fue apoyada por las fuerza políticas del Pacto por México (Gobierno federal, PRI, PAN y PRD).

Ochoa González subrayó que el Congreso de la Unión y el gobierno federal no han tratado con dureza las manifestaciones sociales de la disidencia magisterial, por el contrario, dijo, se les ha escuchado y se incorporaron algunas de sus propuestas.

Guadalupe Mondragón González (PAN) externó que en la discusión de la reforma educativa nunca existió la intención del Congreso de afectar los derechos adquiridos de los maestros.

“Los decretos son fiel reflejo de la voluntad de respeto, en particular la Ley del Servicio Profesional Docente”, precisó.

La legisladora panista aseguró que el espíritu de las leyes es aportarle los medios e instrumentos al gobierno para que se cristalice la educación de calidad.

Juana Bonilla Jaime (PRD) comentó que la legislación no es una reforma educativa, sino un paquete de modificaciones en materia laboral que impacta al gremio magisterial más no al sistema educativo, por lo que su aprobación no concluye el debate educativo, sino que lo inicia.

“Los diputados del PRD exigimos la construcción de mecanismos que brinden equidad a todo el magisterio, que no haya planteles de primer, segunda o tercera”, expusó.

Subrayó que evaluar alumnos y maestros no resuelve el problema de la educación, “es apenas un parcial diagnóstico de los efectos de los rezagos y carencias en México”.

Judit Guerrero López (PVEM) subrayó que la reforma educativa crea los pilares de un modelo pedagógico que garantiza una educación de calidad y propiciar que el Estado recupere la rectoría en este rubro.

Indicó que el reto está en procesar las resistencias a la legislación, donde la actuación autoritaria y represiva “no es de ninguna manera la salida”, ya que el diálogo es una premisa básica en toda sociedad democrática.

Guerrero López indicó que es falso que la reforma constitucional atente contra los derechos laborales de los docentes y se pretenda privatizar la educación pública.

Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) indicó la reforma educativa hace responsables a los docentes sobre el total de la problemática educativa, cuestionando su desempeño profesional.

Dijo que está centrada en el marco laboral y la evaluación de los docentes, lo que ha generado inconformidad en el magisterio y de la sociedad.

“La evaluación debe ser un instrumento, no un fin. La reforma educativa debería representar la emergencia de un proyecto que se desea al país, de tipo pedagógico, para lograrlo, no sólo aspectos administrativos y laborales”, comentó.
Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) aseguró que en la reforma avalada se priorizó la evaluación docente, dejando de lado la formación docente y un verdadero modelo pedagógico.

Señaló que esa situación ha ocasionado “una inmensa movilización magisterial sin una salida clara para que los maestros en paro regresen a sus labores y puedan iniciar su ciclo escolar”.

Aseguró que por años, se ha minado al servicio educativo público, donde se toleró y encubrió al sindicato, lo cual provocó la pérdida de la rectoría de la educación por parte del Estado.

Dora María Talamante Lemas (NA) señaló que con la publicación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, el Congreso cumplió con su obligación, y ahora es responsabilidad del Ejecutivo federal garantizar su ejecución.

Comentó que si bien los docentes son el eje de la reforma, es obligación del Estado, proporcionar las herramientas para el servicio profesional docente, la construcción de un mayor número de escuelas normales y la formación continua de los profesores.

Indicó que la calidad educativa es multifactorial, ya que depende desde los aspectos curriculares hasta la infraestructura escolar, por lo que la aplicación de la nueva legislación será lenta, compleja, costosa políticamente y desafiante presupuestalmente.

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