Palacio Legislativo, 07-10-2013 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, recordó que su partido impulsa que cubran más impuestos quienes más ganan y calificó como irresponsable, demagógica, oportunista y electorera la campaña que inició el PAN el pasado fin de semana para no pagar impuestos.

En el marco de la discusión sobre la reforma hacendaria que presentó el gobierno federal y se discute en San Lázaro, el PAN ahora está diciendo que es el defensor de las clases medias, del pueblo en general, y hace un llamado “irresponsable” a no pagar impuestos, indicó en rueda de prensa.

Señaló que en los 12 años que ese partido estuvo al frente del gobierno federal (2000-2012) siempre mantuvo la pretensión de gravan con IVA a alimentos y medicinas.

Insistió en que la del PAN es una estrategia estrictamente mediática, oportunista y electorera porque se presentan como defensores de la clase media, cuando lo que están defendiendo “son a sus aliados de siempre, las cúpulas empresariales, que se han negado a pagar impuestos”.

“El discurso del PAN es el del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que es a los que representa”, agregó Aureoles Conejo, quien estuvo acompañado de un grupo de diputados perredistas.

Dijo que el PRD siempre se ha pronunciado porque existan impuestos equitativos y una justicia tributaria, que paguen más impuestos quienes ganan más y tienen más y no se siga cargado a los sectores más necesitados.

Quienes ganan más no sólo evaden al fisco, sino que se apoyan en artilugios y mecanismos en la ley para no pagarlos o que se les regresen recursos de los impuestos que cubrieron, agregó.

Recordó que el PRD impulsó que en la propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal, no se incluyera la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas.

También dijo que su bancada luchará porque se elimine la propuesta de aplicar el IVA en colegiaturas, rentas de vivienda e hipotecas, e insistirá porque se mantengan rubros como el seguro de desempleo y la pensión para adultos mayores de 65 años de edad.

Aseguró que en el campo no se modificará el régimen para los pequeños y medianos productores, aunque sí se revisará en el que operan las grandes empresas trasnacionales, que no rebasan el 10 por ciento del total.

Sin embargo, Aureoles Consejo aseguró que se requieren recursos para dar una mejor atención a los que menos tienen, que viven en pobreza o pobreza extrema, y consideró injusto que el 10 por ciento de la población concentre la mayoría de los recursos e ingresos.

Por esa razón, el PRD insistirá en que se eliminen los regímenes fiscales especiales, como el consolidación fiscal, “que es uno de los temas que más reclama la cúpula empresarial”, y que en lugar de que se dé un plazo de tres años para su aplicación sea de inmediato.

Recordó que en la propuesta de reforma hacendaria se busca gravar con 10 por ciento las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores y que el PRD pide que sea de un 15 por ciento, además de que se apruebe el impuesto de 7.5 por ciento a las ganancias de las empresas mineras, entre otros.

Insistió en que se deben gravar los ingresos y no el consumo, sobre todo lo que tiene que ver con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Señaló que su bancada impulsará el establecimiento de mecanismos de transparencia para conocer el origen y procedencia de los recursos y rechazará de manera categórica que en la reforma hacendaria se vincule el tema del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz (PRD), señaló que se deben corregir las propuestas del Ejecutivo respecto a un nuevo seguro de desempleo a nivel nacional y la pensión universal para adultos mayores de 65 años, para que los recursos que se destinen a dichos rubros corran a cargo del erario.

Indicó que la propuesta de pensión para adultos mayores es selectiva, sujeta a requisitos y no considera la proporción del crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que entre enero de 2004 y agosto de 2013, el costo de la canasta básica aumentó 77.1 por ciento y el INPC 46.7 por ciento.

Asimismo, comentó que se debe modificar que el seguro de desempleo propuesto sea sólo para trabajadores formales que en el momento del desempleo estén afiliados al IMSS o ISSSTE, y que la carga financiera provenga de los trabajadores y no de los patrones.

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