Palacio Legislativo, 10-10-2013 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Víctor Serralde Martínez (PAN), afirmó que la propuesta del Ejecutivo federal para imponer un impuesto a bebidas endulzadas con azúcares añadidas no reducirá la obesidad en la población y afectará a 150 mil familias de la cadena productiva.

En conferencia de prensa, antes de llevarse a cabo el foro Impacto de la propuesta de la Reforma Fiscal 2014, en el sector rural, el legislador precisó que tan sólo los ingenios azucareros cuentan con más de 80 mil empleados de los que dependen sus familias.

“Vemos que el gravamen puede tener un gran y grave impacto en los obreros y familias que dependen de la industria azucarera”, advirtió.

El legislador señaló que refrescos u otras bebidas con azúcar equivalen al 25 por ciento de las ventas de pequeños comercios.

“Todo esto suma una cantidad impresionante de gente, hablamos de más de un millón y medio de expendios, de pequeñas tiendas y comercios”, abundó.

Destacó que aunque el impuesto está encaminado a desincentivar el consumo de estas bebidas, como una medida de salud, su aplicación no reducirá la obesidad.

Además, lamentó que una de las propuestas pretenda eliminar del régimen de exención al sector primario de producción.

“Lo que nosotros observamos con preocupación es que se tendrán que dar de alta, para el próximo ejercicio, a cientos de miles de hombres y mujeres que viven de actividades primarias como agricultura, ganadería, pesca, recursos forestales y actividades”, externó.

Dijo que no existen las condiciones para que esta gente pueda ser contribuyente, además que la medida llevará a tener una gran cantidad de morosos y no mejora el panorama.

“Yo pondría de ejemplo la Sierra de Zongolica, Veracruz, donde se observan los cuadros más agudos de pobreza y que con grandes dificultades los campesinos logran sembrar dos hectáreas de maíz.

“Va a ser muy difícil que esos hombres puedan contratar un contador o una empresa que les imprima facturas por Internet, porque ni siquiera hay energía eléctrica en muchas de las localidades”, aseguró.

Por último, consideró que el planteamiento de cargarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a algunos productos como fungicidas, que son fundamentales para la actividad agrícola y ganadera, encarecerá los costos de producción “y no se observa alguna medida que compense al sector”.

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