Palacio Legislativo, 15-10-2013 (Notilegis).- El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) propuso una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para aumentar hasta en 10 veces las cantidades actualmente permitidas para posesión y consumo personal de droga.

Con esta reforma se pretende que no se criminalice ni persiga a los consumidores de droga o se les confunda y combata como a narcomenudistas, indicó.

En conferencia de prensa, el diputado perredista dijo que la iniciativa busca reconocer el derecho al consumo, toda vez que no existe una vía licita y legal para conseguir los narcóticos, lo que lleva a las personas a recurrir, cometer algún delito relacionado a su producción y compra.

Señaló que de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 38 por ciento de todos los presos eran por posesión de estupefacientes, muchos de ellos consumidores.

Resaltó que en su iniciativa “elevamos la dosis máxima de posesión a 10 veces, lo que sería la dosis de consumo inmediato (…), parte de la despenalización es modificar las tablas de posesión de narcóticos”.

La iniciativa propuesta por el diputado perredista propone introducir en la Tabla de Orientación de Dosis Máxima de Consumo Personal, contenida en al artículo 479 de la Ley General de Salud, la frase:

“Para los efectos de esta tabla, se establece que la dosis máxima de posesión para consumo personal no podrá exceder la cantidad que resulte de multiplicar por 10 las dosis prevista en este artículo”.

De esta manera, para opio serían 20 gramos; para heroína, 500 miligramos; para mariguana, 50 gramos; para cocaína, cinco mil miligramos o cinco gramos, y LSD, 150 miligramos –entre otras-, cantidades todas que serían suficientes para 10 días de consumo de una persona, como en otros países.

En su argumentación para apoyar su propuesta, el legislador recordó que con la reforma de 2009 en materia de narcomenudeo se inició la despenalización del consumo y posesión de narcóticos en bajas cantidades, pero mantuvo incongruencias respecto al Código Penal Federal.

Además, fijó cantidades tan reducidas en la Ley General de Salud que posibilitaba que autoridades locales persiguieran a los consumidores en lugar de a los narcomenudistas.

“Con esta propuesta se pretende evitar que los consumidores sean sujetos a proceso penal, mientras que quienes forman parte de las redes de la delincuencia organizada gozan de impunidad y en muchas ocasiones, incluso, de protección de autoridades de distintos niveles y rangos”, puntualizó Belaunzarán.

En términos históricos, llamó la atención sobre los vaivenes y contradicciones en las políticas y decisiones del Estado mexicano frente a este problema de salud pública y de delincuencia organizada, lo que en todo caso sólo refleja temores, falta de capacidad del gobierno para enfrentarlo y sumisión a presiones internacionales.

Señaló que, salvo excepciones, preferentemente ha enfrentado estas dos vertientes con un mismo antídoto, basado fundamentalmente en la prohibición y el castigo, relegando el enfoque de salud que se encarga de la prevención, el tratamiento y la reducción de daños.

En consecuencia, agregó, se combate al paciente, en lugar de la enfermedad.
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