Palacio Legislativo, 05-11-2013 (Notilegis).- Diputados de las diversas fracciones parlamentarias se pronunciaron por aplicar una estrategia integral para enfrentar la situación de violencia que se registra en Michoacán, con medidas relacionadas con la seguridad, pero también con acciones políticas y económicas.

En diversos tonos, se pronunciaron por impulsar una estrategia que involucre a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y que se consideren mejores condiciones económicas para Michoacán en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2014, que debe elaborarse antes del próximo 15 de noviembre.

Diputados de todas las fracciones abordaron desde la tribuna el tema de la seguridad pública en Michoacán, en el marco de la agenda política de la sesión de este martes.

Eligio Cuitláhuac González Farías (PRI) consideró que las acciones en materia de seguridad en Michoacán se encuentran en la ruta correcta y las reacciones violentas que se han registrado en los últimos días son el resultado de la intervención decidida, frontal y seria que ha emprendido el gobierno federal.

“No hay que hacernos bolas…lo que ha ocurrido de reacción de los grupos delictivos obedece a que la estrategia federal en contra del crimen organizado está dando resultado”, dijo.

Aplaudió la intervención del gobierno federal en la entidad y señaló que es a través de una buena coordinación institucional, en materia de desarrollo social, infraestructura y educación, con que se logrará abatir el rezago que se vive en la entidad.

Berenice Álvarez Tovar (PAN) dijo que su bancada hace un llamado para alcanzar un gran acuerdo nacional a fin de que los tres Poderes de la Unión y el gobierno estatal enfrenten con seriedad, inteligencia y contundencia a la delincuencia organizada, sin protagonismos ni causas electorales.

Tras cuestionar la estrategia que lleva a cabo el Ejecutivo federal, también hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que implemente acciones basadas en la inteligencia y localizadas en los municipios que tienen focos rojos en materia de inseguridad.

Dijo que a su fracción le preocupa que se minimicen hechos como los registrados durante los últimos días, con el ataque a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o gasolineras en varias ciudades, además de decenas de muertos por recientes enfrentamientos.

Verónica García Reyes (PRD) indicó que Michoacán vive una crisis no sólo política y de seguridad, sino también económica, derivada del incremento de la deuda en el estado y la salida de empresas que aportaban en gran medida a la economía.

Además, las confrontaciones entre las organizaciones delincuenciales y las instancias de seguridad pública dejan en indefensión absoluta a la población, comentó.

Por ello, consideró urgente que las autoridades federales, estatales y municipales sumen esfuerzos para garantizar el orden público, y que los ciudadanos no se vean obligados a tomar las armas en defensa propia; asimismo, que los diputados destinen mayores recursos para atender la situación económica de la entidad,

Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) consideró que el tema de la seguridad no es exclusivo de Michoacán ni de una sola persona y no se resolverá realizando declaraciones irresponsables, como la desaparición de poderes, sino llevando a cabo propuestas.

Afirmó que la única y mejor forma de ayudar a la entidad es a través de una discusión responsable el próximo 15 de noviembre, al votar el Presupuesto de Egresos 2014 y promoviendo programas sociales, económicos y de empleo, que alejen a los jóvenes de la delincuencia organizada.

Exhortó a que continúe la coordinación entre gobierno federal y estatal con acciones contundentes, como la que se aplicó en el municipio de Lázaro Cárdenas, “uno de los más copados por el crimen organizado”, con la toma del lugar por parte del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que los problemas no se limitan al estado de Michoacán y dijo que todo el país está enfermo por patologías de diversa naturaleza: política, económica y social.

Aseguró que hay problemas de gobernabilidad y armonía comunitaria, a lo que se suma la recesión económica y la falta de empleos para millones de jóvenes, pero aclaró que el principal desafío para el país es la inseguridad, que amenaza con colapsar al Estado.

El crimen organizado está enquistado en las estructuras de poder, persiste un narco Estado, con un Estado fallido que muestra la debilidad del gobierno al permitir que la delincuencia organizada penetre instituciones policiacas y tengan control territorial en diversas regiones del país.

Aseguró que la estrategia que inició el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y la que lleva a cabo el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, han fracasado.

Alberto Anaya Gutiérrez (PT) afirmó que en muchas regiones del país, no sólo en Michoacán, el crimen organizado se ha infiltrado en los tres niveles de gobierno, las autoridades se han convertido en empleados de los criminales y los policías los protegen, no así a la población.

Indicó que en el caso particular de Michoacán existe un Estado fallido “que no es capaz de defenderse a sí mismo” y no tiene capacidad para imponer el Estado de derecho ni garantizar la seguridad e integridad de las familias y personas.

De manera paralela -señaló -se ha formado un “Narco Estado” que imponen leyes, cobra derecho de piso, realiza secuestros, desaparece gente y recluta jóvenes que no encuentran otras oportunidades.

En Michoacán urge que se implemente una coordinación en los tres órdenes de gobierno y que la sociedad colabore para que esta situación pueda controlarse, además de cambiar el modelo económico, aseveró.

María SanJuana Cerda Franco (Nueva Alianza) afirmó que la federación, los estados y los municipios cuentan hoy con las herramientas jurídicas institucionales para llevar a cabo acciones coordinadas desde un enfoque proactivo y no reactivo, que se traduzcan en seguridad y tranquilidad para las familias mexicanas.

Indicó que en Nueva Alianza están conscientes que para resolver el flagelo de la inseguridad, la ciudadanía no se puede esperar un día más y que sólo con mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas, se podrá estar seguros de que estamos en el camino correcto.

“Insisto, el marco jurídico está dado, ahora se requiere un replanteamiento de la estrategia que nos permita evaluar permanentemente, desde su etapa de construcción, hasta su ejecución, si vamos en la dirección correcta, que nos permita regresar a la ciudadanía la seguridad”, agregó.

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