Palacio Legislativo, 19-11-2013 (Notilegis).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Silvano Aureoles Conejo (PRD), hizo un llamado a cesar los señalamientos a funcionarios y legisladores de Michoacán sin aportar pruebas, ya que eso “no ayuda” a la situación del estado.

El diputado fue consultado sobre una columna periodística donde se hizo referencia a supuestas reuniones que el secretario general de Gobierno de Michoacán, y ex gobernador interino de la entidad, Jesús Reyna García, habría mantenido con Servando Gómez “La Tuta”, líder del grupo delictivo conocido como Caballeros Templarios.

Al respecto, Aureoles Conejo consideró que correspondería a la Procuraduría General de la República (PGR) precisar y deslindar responsabilidades, en caso de que hubiera pruebas de dichas amputaciones.

En conferencia de prensa, al término de la reunión de la Jucopo de hoy martes, el legislador hizo un exhorto a no hacer acusaciones sin pruebas contra cualquier funcionario, ya que dañan su prestigio y honorabilidad, así como su desempeño y a la salud del estado.

“Eso no le ayuda a Michoacán, no le ayuda al gobierno del estado, no le ayuda al esfuerzo que está haciendo el gobierno federal. No ayuda a nadie quedarnos solamente en el ámbito de las declaraciones o de comentarios en los medios”, dijo.

Recordó que el mes pasado, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa (PAN) aseguró que el hijo del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, tiene lazos con el crimen organizado.

“Estas cosas son muy graves, y lo más pertinente es que quien hace esas acusaciones debe de aportar las pruebas, si no, solamente se queda en ese ámbito, pero el golpe mediático ya nadie te lo quita y es muy grave para la honorabilidad y el prestigio de quien recibe esos señalamientos”, consideró.

El diputado perredista indicó, asimismo, que es “impensable” retirar en este momento a las fuerzas armadas de la lucha contra la inseguridad en el estado de Michoacán.

No obstante, coincidió con el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la necesidad de dar sustento jurídico a las tareas de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado.

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